Activistas propalestinos de la campaña Fin al comercio de armas con Israel han presentado una querella ante la Audiencia Nacional en la que piden inmovilizar y registrar un barco que hará escala en tres puertos españoles, al considerar que puede trasladar piezas de aviones caza con destino a Israel.
En la querella presentada este miércoles, los activistas explican que un barco de la naviera Maersk con destino Haifa (Israel) hará escala en los puertos de Valencia, Barcelona y Algeciras los días 18, 20 y 26 de septiembre, respectivamente, después de que en septiembre y octubre del año pasado trasportase material militar desde Estados Unidos a Israel parando en el puerto de Algeciras, según detallan.
Los activistas quieren evitar que vuelva a suceder y le piden a la Audiencia Nacional que inmovilice y registre este buque, que pida al Ministerio de Exteriores las autorizaciones concedidas a la naviera para transportar material de defensa o de doble uso con destino a Israel desde octubre de 2023 y que identifique y eventualmente detenga al capitán, al que consideran coautor o cooperador necesario.
Para ello han entregado información que indica que el barco, el Nysted Maersk, hará escala en Valencia y Barcelona, después viajará a Casablanca y a continuación recalará en Algeciras, desde donde zarpará hacia Tánger, puerto en el que cargará mercancías provenientes de otro barco de la misma naviera, incluido un contenedor con partes y piezas de alas de aviones F-35 para la empresa israelí Israel Aerospace Industries Ltd, que desembarcará en Haifa el 4 de octubre.
Para pedir que el buque sea inmovilizado y registrado aluden a la comisión de un posible delito de contrabando, que se estaría cometiendo en el caso de que este barco transportase material de defensa o de doble uso sin pedir autorización para hacerlo a las autoridades españolas.
En el texto de la querella explican que la ley faculta al Gobierno a denegar o revocar una autorización cuando existan indicios racionales de que el material pueda ser empleado en «situaciones de violación de derechos humanos» y que el tratado de Naciones Unidas sobre comercio de armas dice que no se autorizará su transferencia si se tiene conocimiento de que pueden usarse para cometer un genocidio, crímenes de lesa humanidad o para infringir los convenios de Ginebra.
Los activistas apuntan a que los F-35 israelíes «son usados por el Ejército israelí durante los bombardeos que actualmente tienen lugar en la Franja de Gaza». Además, en un comunicado, exigen que el Gobierno imponga «de inmediato» una embargo integral al tráfico de armas a través de un real decreto ley, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a hacer, y afean que esta medida se retrase una semana más.
También piden a la sociedad civil que denuncie el papel de los puertos «en esta cadena de complicidad» y a los trabajadores de estas infraestructuras que se nieguen a operar barcos involucrados en el transporte de armamento «para el genocidio».
