Los ciudadanos hemos olvidado que el único motivo por el que un político no puede privarnos de nuestros derechos fundamentales con cierta facilidad es debido al derecho como conjunto normativo por el que se regulan las relaciones de las personas y con la administración.
Los derechos fundamentales vienen recogidos en nuestra Constitución en los artículos 14 a 29 inclusive, y a diferencia de otros derechos, con la finalidad de dotarlos de mayor protección, la norma constitucional en su artículo 81 señaló que todo lo relativo a los mismos se regularía mediante Ley Orgánica, es decir, debería ser aprobado por mayoría absoluta del Congreso, y gracias a esta simple explicación nadie puede privarle de su libertad sin una previa autorización judicial, debiendo plasmarse la citada autorización judicial en una resolución judicial motivada en una Ley Orgánica.
Pues bien, esta explicación tan sencilla era asumida por la totalidad de legos en derecho hace unos meses, hasta que de forma repentina distintos políticos autonómicos mediante Decretos han decidido regular privando derechos fundamentales de las personas, y todo ello justificado bajo el paraguas del COVID 19, llegando a sorprender a este humilde abogado que distintos Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos e incluso el Tribunal Supremo hayan amparado estas regulaciones matizándolas con el carácter de “temporal”.
¿Acaso no es temporal que un policía le detenga 14 días en una comisaría discrecionalmente? ¿Aceptaría el ciudadano que un Alcalde pudiera condenarle a prisión domiciliaria durante dos meses? También es temporal pero no lo aceptaríamos.
La justificación para privar a determinados ciudadanos a acceder a determinados lugares se ha fundamentado en razones cuanto menos un tanto discutibles, pero siempre apoyadas en una histeria colectiva que quizás sin saberlo están atacando sus propios derechos y los de todos, puesto que hemos creado un precedente muy pernicioso desde que hemos admitido que un político autonómico por Decreto legisle sobre la libertad.
No es baladí este ataque a la libertad, y cuenta con todo el instrumento mediático a su favor, dopado de subvenciones hasta la médula, y afanados en no transmitir determinados datos oficiales que pudieran hacernos creer que algo no se está gestionando bien.
Mientras los dopados medios de comunicación animan a los ciudadanos a vacunar a niños de cinco años, se olvidan que la media de edad de los muertos por Covid en la quinta ola era de 80 años, justificando que inyectemos una vacuna experimental a nuestros hijos de cinco años para proteger a los mayores de 80 años. A sabiendas que el Covid no tiene apenas riesgo en la salud de los niños, ¿hay algo socialmente más decadente que vacunar niños en los colegios para proteger a los ancianos sin saber las consecuencias a medio – largo plazo para los niños?.
Vivimos en una sociedad decadente, dócil e irresponsable, nuestro máximo representante político accedió a su puesto prometiendo no gobernar con quien gobierna, admitiéndose con normalidad la mentira, sin razonamiento crítico, capaces de inocular a sus hijos sin preguntarse antes que consecuencias tendrá para los mismos, animados por medios propagandísticos que no se van a hacer responsables si algo sale mal, mientras todos nosotros, dominados por el miedo, permitimos que nos arranquen la libertad.
