EL AYUNTAMIENTO TOMARÁ ESTE LUNES A LAS 9.00H LA POSESIÓN DEL PARKING ESCALINATA

*Con la entrega de la posesión se pone fin a una actividad de 18 años que se inició en 2003

*Los vecinos lamentan que el cierre afecte a los comercios de la zona

*Desde su apertura ha sido objeto continuo de disputas políticas locales

Mañana lunes, a las 9.00 de la mañana, la entidad NAUTAGEST, S.L. hará entrega oficial de las instalaciones del aparcamiento. Han sido 18 años en los que, una parte de la ciudad consideraba que dicha obra suponía un alivio para el comercio y la revitalización de una zona muy degradada, y otra, un atentado a una antigua edificación que merecía mejor trato.

Como complemento a todo ello, la existencia de un conflicto político permanente, con acusaciones de los diferentes partidos en el gobierno sobre las responsabilidades de su construcción, con vecinos en pie de guerra por daños a un edificio colindante, querellas contra el arquitecto municipal y dos ex alcaldes, e irregularidades urbanísticas que se plasmaron en una temprana sentencia del TSJA que declaró en 2004 la nulidad de la obra.

Desde entonces han sido innumerables las demandas, sentencias, peticiones de demolición y esfuerzos por diferentes partes por consensuar una solución al conflicto que finalmente terminó con la firmeza de la orden de demolición, en una especie de guerra de todos contra todos. Y ello a pesar de que el Ayuntamiento llegó a pagar un millón trescientos mil euros a los vecinos del Escalinata con la condición de que éstos desistieran de su petición de demolición, cosa que hicieron inicialmente pero una vez cobrado el dinero volvieron a exigir. La radical postura de la comunidad del Escalinata impidió cualquier solución negociada.

Tampoco ayudó la lucha permanente de los políticos por sacar rédito de la tarea de afear al contrincante su pasado. Eso hizo que nadie quisiera apoyar el aparcamiento ni señalarse ante los medios locales. Corta visión la de dichos responsables municipales que generaron el que empresarios decidieran dejar de invertir en la ciudad donde eran permanentemente atacados por vecinos y abogados a través de un conocido medio local. Tal fue el asedio a la concesionaria que, ganado otro concurso para construir otro parking en la Avenida de Fuerzas Armadas, el Ayuntamiento dio marcha atrás finalmente por miedo a nuevos conflictos, teniendo que indemnizar de nuevo a la empresa con casi setecientos mil euros.

El conflicto ha costado por el camino una verdadera fortuna a los algecireños, en una gestión del problema que solo puede calificarse como de desastrosa. Recientemente el propio TSJA confirmó una condena de 7 millones y medio a favor de la concesionaria, el pago de los daños y perjuicios ocasionados por el cierre del aparcamiento.

Por su parte los vecinos se han embolsado más de 3 millones de euros con diferentes indemnizaciones, a pesar de que el edificio antes de producirse los daños estaba muy anticuado y deteriorado. Además, esas sumas implicaban la urgente obligación de demoler el edificio afectado, con lo que cobrarían a su vez nuevas cantidades por la venta del solar, obligación que aún no han cumplido, ni siquiera iniciado trámite alguno para ello, habiéndose repartido el dinero cobrado y estando incursos en diferentes procesos judiciales por ello, tanto de abogados que reclaman que no se les pagaron sus honorarios como vecinos que han denunciado que el presidente de la Comunidad y el conocido abogado algecireño Ignacio Castro, principal instigador de la demolición, retienen dolosamente el dinero que le correspondía a un filial de la propia concesionaria, propietaria de uno de los pisos, como represalia.

Diferentes empresas optaron en un primer momento al concurso para la demolición, pero pronto renunciaron a dicha obra a la vista de la complejidad de la misma y el costo y responsabilidades que esa demolición puede originar.

A fecha de hoy el Ayuntamiento de Algeciras no tiene una idea clara de qué va a pasar con ese espacio esencial en la ciudad.

No puede ser construido otro aparcamiento ni edificación alguna alternativa, sino que simple y llanamente debe ser demolido y restituida la situación al estado anterior, donde existía una escalinata que unía el paseo marítimo con la zona alta de la ciudad. La antigua era consideraba una obra propia de régimen franquista. Construida en 1956 no se consideró en su momento un patrimonio digno de mantener, ni con valor histórico-artístico. En la parte central de la planta baja, se encontraba el pequeño monumento dedicado al Convoy de la Victoria, que conmemoraba el 5 de agosto de 1936, fecha del traslado de las tropas de Franco desde África hasta Algeciras.

Al elevado coste de la demolición habrá que sumar el coste de la reconstrucción de dicha escalinata, junto a las indemnizaciones ya abonadas y a los ingresos que el Ayuntamiento dejará de obtener vía canon de la concesión. En conclusión, el resultado de las acciones efectuadas por unos y otros y los conflictos políticos latentes en el Ayuntamiento va a suponer una verdadera ruina para el municipio y una losa económica de la que tardará muchos años en reponerse.

A todo lo descrito hay que sumar el periodo de tiempo que transcurra desde este lunes hasta que finalmente se inicie la demolición, que según fuentes consultadas no será corto, y en el cual habrá que asegurar las instalaciones para evitar que se vandalicen y se metan en su interior mendigos y okupas que hagan aún más difícil la demolición del edificio, impidiendo además durante todo este tiempo que las personas que acudan a la zona centro de Algeciras dispongan de un aparcamiento que tenía casi 400 plazas además de un ascensor panorámico que unía el paseo marítimo con la plaza alta y unas oficinas de alta gama con un muro cortina de cristal que representaba uno de los edificios más emblemáticos o modernos de Algeciras.

Los vecinos del edificio Escalinata, con su abogado Ignacio Castro al frente celebran el cierre como un triunfo, mientras que los políticos no han hecho declaraciones en lo que se interpreta como una patata caliente de peligrosas consecuencias por tener un espacio cerrado y sin uso de cara a próximas elecciones locales, y además con elevado riesgo de ser ocupado. Mientras, los vecinos de la zona alta comienzan a inquietarse por las consecuencias ruinógenas que pudiera conllevarles la demolición y los empresarios y comerciantes, se expresan claramente en contra por el perjuicio indirecto que ello les puede suponer en sus ventas.