El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mandó dos cartas a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, alertando de los fallos de las nuevas pulseras antimaltrato que compró el Ministerio de Igualdad en la etapa de Irene Montero. Se trata de dos misivas fechadas el 8 de enero y 21 de febrero de 2025 en las que se deja patente que han recibido informes y avisos de jueces avisando de los fallos del sistema, según informa el diario «La Razón»
Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió el viernes que no había sido notificada por el Poder Judicial y que las incidencias con las pulseras se solventaron en 2024. La ministra se refirió a los fallos surgidos con la licitación del servicio, pero no a la problemática derivada del cambio de dispositivos, que es la que ha alertado especialmente a los jueces.
En octubre de 2023 Montero licitó el nuevo contrato de prestación de servicio que, hasta el momento, prestaba Movistar. El contrato, que se dotó con 50 millones de euros y se financió con fondos europeos, fue a parar a la UTE formada por Vodafone Securitas. La migración de información de una empresa a otra provocó la pérdida de datos de quebrantamientos de órdenes de alejamiento por parte de presuntos maltratadores. Ello se tradujo en «una gran cantidad» de absoluciones de archivos de causas, tal y como alertó la Fiscalía General del Estado en su última Memoria Anual.
