El Grupo Municipal Socialista lleva al pleno ordinario de este próximo lunes, 20 de abril, dos mociones para su debate y aprobación: una para reclamar más inversión en viviendas públicas, facilitando el acceso a las mismas de jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, y otra por la que se reclaman más y mejores recursos para el Centro de Tratamiento de Adicciones de Algeciras (CTA), que actualmente se encuentra “bajo mínimos”.
En la parte propositiva de la moción sobre Vivienda se pide que la Corporación municipal de Algeciras muestre su respaldo al “reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho subjetivo exigible”, mediante la derogación de la Ley 5/2025 y “la presentación con urgencia de una nueva Ley de Vivienda, que garantice la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social duradero”.
Asimismo, se insta al Ayuntamiento a reclamar a la Junta de Andalucía que “incremente de forma sostenida la inversión pública en vivienda, hasta alcanzar al menos el 1% del PIB andaluz”, así como que se ponga en marcha “un Plan Andaluz de Vivienda Pública, que permita la puesta en el mercado de 100.000 viviendas públicas y consolide un parque estructural de alquiler asequible”.
Igualmente, en la moción se pide instar a la Junta a “reforzar” la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como “instrumento de promoción directa, gestión pública y movilización de suelo”, así como a “implementar un Plan Entrada Cero para facilitar el acceso de la juventud a su primera vivienda, crear un Fondo Público de Emancipación Juvenil que financie hasta el 20% del valor de la primera vivienda habitual, mediante préstamo público sin intereses” y “reducir la carga fiscal para jóvenes en la adquisición de vivienda habitual, mediante la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales”.
La propuesta socialista incluye pedir que se declaren “zonas de mercado residencial tensionado, cuando el coste de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios, aplicando las medidas de limitación de precios previstas en la Ley 12/2023”, así como que se permita a los ayuntamientos “limitar o suspender nuevas autorizaciones de viviendas de uso turístico en zonas saturadas”.
Tras recordar que deben garantizarse la “transparencia, objetividad y agilidad en los Registros de Demandantes de Vivienda Protegida”, el PSOE algecireño reclama también que la Corporación municipal acuerde “instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a actuar en las viviendas públicas en Algeciras, con una rehabilitación integral del parque de viviendas de AVRA, comenzando por las viviendas de la calle Mónaco.
Tal y como ha recordado este viernes la portavoz del Grupo Socialista, Rocío Arrabal, “la Junta, que tiene competencias exclusivas en vivienda, nunca ha aplicado la Ley de Vivienda del Gobierno de España. Por lo tanto, la situación de la vivienda en Andalucia es responsabilidad directa de Moreno Bonilla”, y ha señalado que “Algeciras es un claro ejemplo de cómo las viviendas públicas de AVRA están abandonadas, y la prueba está en la calle Mónaco, cuyo arreglo hemos reclamado en varias ocasiones, a través de mociones y de iniciativas parlamentarias, y a día de hoy sigue sin hacerse nada, a pesar de las condiciones insalubres en que viven estas familias”.
Arrabal, que en su calidad de diputada autonómica ya ha trasladado este tema al Gobierno andauz en varias ocasiones, advertirá también en el pleno sobre la necesidad de construcción de nuevas viviendas en régimen de protección, tras años y años de absoluta falta de gestión al respecto. “El Ayuntamiento de Algeciras cedió a la Junta parcelas públicas para construir unas 500 viviendas de VPO. ¿Van a ser viviendas públicas de verdad, o las van a vender a promotores privados para hacer negocio? No lo sabemos. A día de hoy, lo único que sabemos es que en 8 años no se ha construido ni una sola vivienda pública en Algeciras, ni por parte de Landaluce ni por parte de la Junta de Moreno Bonilla”.
El CTA, un servicio asistencial que “salva vidas”, en situación de “colapso total”
En cuanto a la moción relativa al Centro de Tratamiento de Adicciones ded Algeciras (CTA), los socialistas proponen que se acuerde instar a la Diputación Provincial de Cádiz a “cubrir de manera inmediata las plazas vacantes, especialmente en psicología, administración y enfermería”, así como a “garantizar los servicios esenciales, y tanto la inmediatez de los nuevos ingresos como el seguimiento de los usuarios que ya están en terapia”.
El Grupo Socialista pide también que la Corporación municipal muestre públicamente su apoyo a todos los usuarios, a sus familias y a los profesionales “ante la falta de compromiso de la Diputación Provincial de Cádiz”, tras recordar, en la parte expositiva de la moción, que este servicio asistencial, tan necesario, atraviesa desde hace tiempo “una situación de colapso total, con listas de espera de hasta dos meses para la primera cita y demoras de cinco o seis meses para atención psicológica especializada.
Tal y como recuerdan los socialistas en la parte expositiva de la moción, esta falta de recursos está afectando al importante servicio que se presta a personas con todo tipo de adicciones”, no sólo a drogas ilegales, como la cocaína y la heroína, o “legales”, como el alcohol o el tabaco, sino que también atienede a usuarios, muchos de ellos menores de edad, con “dependencia a las pantallas, el juego, los vapeadores o las bebidas energéticas”.
Sin embargo, y tal y como denuncian los propios usuarios, en los últimos 3 años la Diputación Provincial de Cádiz está “desmantelando” el centro, dejando una plantilla de 12 profesionales en tan sólo 4, haciendo inviable la atención y el seguimiento de los usuarios, así como las nuevas incorporaciones, tan necesarias al haber ido cambiando considerablemente el perfil de los pacientes.
“Antes había cuatro psicólogos y ahora tan sólo uno, ya no hay enfermera ni educador social, y de 4 administrativos tan sólo queda 1. Los trabajadores que quedan están totalmente sobrepasados, lo que dificulta la atención que los usuarios necesitan y provoca una alta probabilidad de recaídas, ante la suspensión de las terapias grupales para prevenirlas”, continúa explicando el texto, en el que se recuerda, asímismo, que “estos centros son recursos públicos y gratuitos, destinados al tratamiento y rehabilitación de personas vulnerables”, y “no son un lujo, sino una oportunidad”, por lo que “es necesario garantizar una atención digna, continuada y eficaz”, ya que “detrás de cada tratamiento hay una vida en juego y una historia que puede cambiar”.
