Noticias Campo de Gibraltar
8 diciembre 2021
8 diciembre 2021

Elena Sáez Arjona: LA LEGITIMIDAD DEL PODER

Cuando en una nación se produce, con cierto carácter de permanencia, un colapso de la legalidad, hay que ser consciente de forma imparcial que ello no responde solo al gusto personal de nadie, sino a causas mucho más trascendentes y comprender que si tal hecho, que puede ser esporádico es totalmente abominable, mucho más abominable será convertir lo esporádico en habitual y encuadrar el ejercicio del poder político en un orden de reiterada subversión del derecho.

Uno de los elementos fundamentales de la legitimidad democrática es el hecho de que el Estado no goza de un poder omnímodo, rememorando el viejo dogma isidoriano del Princeps legibus solutus, del “Príncipe sometido a la ley”, que en la actualidad no es otra cosa que el Poder Ejecutivo sometido a la ley. Ciertamente, un Gobierno es más legítimo cuanto más escrupuloso es con la ley, aunque en reiteradas ocasiones, se desvíen obcecadamente y deshonestamente de su propia misión.

La legitimidad se identifica en una de sus acepciones con la verdad. Es más, existe una relación epistemológica entre verdad y justificación que no debemos soslayar. Dicho de otro modo, la legitimidad en el ejercicio del poder es donde un Gobierno tiene que demostrar, en el curso de su argumentación política, que las pretensiones de verdad fundadas son resistentes a las objeciones.

Asimismo, la legitimidad de origen se concreta a través del derecho de participación dentro de los procesos democráticos, o para ser más precisos de la democracia, que se traduce, entre otras cosas, en el respeto al Estado de Derecho. En otras palabras, no hay Gobierno legítimo sino en la medida en que respete la democracia, lo que conlleva, de rondón, el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico. Consecuentemente, el derecho nunca puede ser ajeno a la democracia. Por tanto, el Estado de Derecho democrático no puede cimentarse sobre el poder por el poder y la dominación, ya que tiene como fuente de legitimidad aquella que, precisamente, le otorgan los procesos democráticos.

Por consiguiente, existen razones para tomar en serio la juridicidad de la política para que los sujetos de derecho, que son políticamente hablando, los ciudadanos gocen de todas las garantías frente al Estado. El poder por el poder como valor en sí es una concepción que el verdadero jurista jamás debe aceptar.

 

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