Elena Sáez Arjona: LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS NO CUADRAN

El sector público requiere de un uso razonable del patrimonio que debe ser asegurado por todos aquellos que desarrollan la función pública, dada la posición de garante que ocupan. Con base en este principio, las administraciones públicas deben elaborar un presupuesto anual para racionalizar el uso de sus recursos económicos.

Mantener el equilibrio presupuestario, es decir, limitar el importe de los gastos totales a la cantidad de los ingresos que se prevean recaudar debe ser el principal objetivo de toda administración pública, con el fin de evitar incurrir en déficit y contraer deudas. La lógica nos dice que para mantener el equilibrio se deben ajustar los gastos a los ingresos que se vayan a recaudar y no ajustar los ingresos a los gastos que se pretendan realizar. Pues esto último, significa aumentar deliberadamente las previsiones de ingresos a sabiendas de que no son reales.

Un déficit presupuestario mantenido de una manera continuada en el tiempo obliga a las administraciones a acudir a la financiación bancaria para hacer frente a sus obligaciones de pago mediante la formalización de préstamos a largo plazo, los cuales generan gastos financieros innecesarios que acaban lastrando gravemente los recursos económicos. Esto se comprueba en el Ayuntamiento de Algeciras que acumula una deuda bancaria a largo plazo de más de 230 millones de euros, lo que implica que los ciudadanos debemos sostener unos gastos de 2,5 millones de euros anuales solo en intereses de demora. Un completo ejemplo de irresponsabilidad financiera. Ningún partido se toma en serio el reto de la deuda pública porque prefieren dejar que tan costoso precio recaiga sobre el ciudadano.

Es irracional pensar que un ayuntamiento con saldo positivo en sus cuentas tenga que acudir, de continuo, a la financiación bancaria para hacer frente a sus deudas. El remanente de tesorería de 30 millones de euros del que nuestra corporación municipal alardea es ficticio; todo un ejemplo de ingeniería contable. Acudir al Fondo de Ordenación se ha convertido en un recurso más para cuadrar las cuentas. Cuando una administración disfruta de superávit presupuestario posee capacidad de financiación, incluso tiene margen para amortizar su propio endeudamiento histórico. Si nuestro Ayuntamiento tuviera superávit presupuestario la deuda no estaría aumentando año tras año.

El crecimiento desorbitado del gasto público del Ayuntamiento de Algeciras no cumple con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a las administraciones públicas a someterse a la regla de gasto a través los correspondientes planes económicos-financieros y de reequilibrio. Con estos mimbres, no es de extrañar que el Ministerio de Hacienda y Función Pública haya tenido que someter al Ayuntamiento a un plan de ajuste.

Solo en esta última legislatura e incluyendo la adhesión al Fondo de Ordenación de este ejercicio 2021, se han pedido préstamos por importe superior a 30 millones de euros. En septiembre de 2020, el interventor municipal accidental ya exponía el “Plan Landaluce” para los próximos años y adelantaba que iba a ser necesario pedir una media de 9 millones de euros más cada año como deuda financiera. Ello demuestra que la gestión económica es calamitosa y que no hay ningún plan para la regeneración económica.

No se puede reducir la deuda ni tener superávit si cada año pagas 6 millones de euros en amortizaciones, pero paralelamente, te endeudas en otros 9. Dicho en otras palabras, se sigue multiplicando la deuda en medio de un agujero financiero que no tiene fondo.

La lección que nos enseñan estas cifras es obvia: existe un brutal desequilibrio presupuestario que difícilmente podrá ser solventado. Si el gasto total no baja sino que sube, la única forma de cuadrar las cuentas es esta: machacar con más impuestos municipales a los ciudadanos. Y en este sentido, se han tenido que realizar modificaciones al plan de ajuste, asegurándose desde la Intervención de Fondos municipal la necesidad de subir impuestos, principalmente el IBI, así como suprimir exenciones y bonificaciones voluntarias; adelantando asimismo, la reducción de costes de personal, ora de sueldos, ora de efectivos.

La ciudad necesita un proyecto económico serio consistente en propiciar mejores servicios, minimizando sus costes y maximizando su calidad. De lo contrario, mientras siga aumentando el gasto público, en contraprestación, la deuda se reducirá muchísimo menos. Se está vendiendo a los ciudadanos un acentuado ejercicio de austeridad que, en realidad, no se esta practicando.

El pasado 8 de noviembre de 2021, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó su Informe Complementario de Evaluación Individual de las Líneas Fundamentales de los Presupuestos para 2022 de las Corporaciones Locales (CCLL). En él, la AIReF ha revisado el ámbito subjetivo de las CCLL con problemas estructurales de sostenibilidad, calificando con riesgo alto a nuestro Ayuntamiento en estos términos: «todos los ayuntamientos seleccionados mantienen su calificación de riesgo, salvo los de Algeciras, Los Palacios y Villafranca y Navalcarnero que empeoran». Asimismo, tras consultar www.datosmacro.expansion.com en su estudio sobre las deudas de los ayuntamientos en España, se puede comprobar que el de Algeciras es el cuarto con más deuda viva.

Desgraciadamente, el próximo Gobierno municipal no se encontrará un consistorio con un saldo presupuestario saneado ni con capacidad para amortizar deuda. Es de obligada necesidad poner freno al aumento indiscriminado de esta, si no lo hacemos, en un periodo no muy lejano acabaremos lamentándolo. Sirva como botón de muestra estas palabras pronunciadas por el insigne Premio Nobel de Economía, Milton Friedman: «si el Gobierno tuviese que administrar los desiertos, al cabo de cinco años habría escasez de arena». Hagan sus apuestas.