*La Comisión Europea insiste en la responsabilidad de las autoridades nacionales del país miembro, aunque EQUO Verdes Tarifa considera a la Comisión subsidiaria de los daños generados a la salud humana, lo cual consideran un tipo de «Ecocidio»
*Varios colectivos y ONGs internacionales, además de algunas pequeñas naciones-estados exigen considerar el «Ecocidio» como crimen internacional
La portavoz del Grupo en Tarifa recuerda que en el años 2005, un eurodiputado de Los Verdes Europeos denunciaba la situación de los vertidos y la posible malversación de fondos en el Paseo marítimo de Tarifa y, que después de una denuncia por parte de la Comisión ante el Tribunal europeo, se sentenció a España en general en el 2010 por no cumplir con la directiva marco del agua.
Se perdieron seis años en subsanar los vertidos. En el 2018, sigue manifestando, al incumplir la sentencia , Tarifa, o sea la ciudadanía, se encuentra obligada a pagar multas por la negligencia de su administración y los políticos de turno. Y es, en el mismo año 2018, que Tarifa inaugura una depuradora, que considera como un engaño, que no se sabe qué depura y si depura, ya que las fecales van en aumento. Un paripé de las “autoridades” para no pagar las multas, opina.
EQUO Tarifa Verdes manifiesta que los derechos humanos dependen de los valores de nuestra sociedad y estos han perdido, en los ojos de este grupo, los valores sanos, tanto éticos como morales. Opinan que la sociedad se encuentra enferma de corrupción y especulación, sin sentido de responsabilidad hacia el bien común y que falta la necesaria justicia.
Mientras que se sigan incumpliendo los derechos humanos, como lo es el derecho a una buena administración ( art. 41) y la prohibición del abuso de derecho ( art.54) de la Carta de los derechos fundamentales de la UE, no existirá cambio posible. Mientras que ésta situación siga persistiendo, seguirá la malversación de fondos europeos para subvencionar el urbanismo salvaje.
Manifiestan que el grupo de apoyo EQUO se encuentran en la línea del Stop Ecocidio, ya que lamentablemente queda demostrado que el ser humano, sin penalidad, no quiere concienciarse y actuar acorde a los derechos del Bien Común. Que el cambio radica en todas y todos, comenzando por la JUSTICIA.
Apoyan los objetivos de la ONG “Protectores de la tierra” y la Fundación Stop Ecocide, con base en los Paises Bajos con su campaña de Stop Ecocidio fundada en el 2017 en el Reino Unido por Polly Higgins, la visionaria abogada recientemente fallecida y la activista medioambiental Jojo Mehta. Su misión es apoyar el establecimiento del ecocidio como un crimen internacional, con el fin de prohibir y prevenir más devastación de la vida en la Tierra. Su equipo internacional está trabajando con investigadores legales, abogados de derecho penal internacional y pequeñas naciones-estado que están interesadas en promover el establecimiento del ecocidio como crimen internacional. Dos estados soberanos (Vanuatu y las Maldivas) han exigido oficialmente que se considere tal crimen.
