El Ministerio del Interior no había pedido aún datos a Marruecos para expulsar de España a Yassine Kanjaa, el autor del asesinato del sacristán Diego Valencia en Algeciras, porque no le había llegado el turno dado el gran número de expedientes de expulsión de personas en situación irregular pendientes de ejecutar.
Kanjaa, se encuentra actualmente en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, quien consideró que los ataques de este marroquí de 25 años a dos iglesias de Algeciras se llevaron a cabo «en nombre del yihadismo».
El Ministerio del Interior ha recordado que el pasado año se incoaron un total de 34.949 expedientes de expulsión de extranjeros y solo se ejecutaron 2.627.
Y ha añadido que las limitaciones existentes para llevar a cabo el retorno hacen que los trámites se ralenticen y que los expedientes se vayan resolviendo poco a poco por orden de llegada.
Por todo ello, Interior aún no había pedido nada al consulado de Marruecos.
Ante esas informaciones, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado en su cuenta de Twitter que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «tiene muchas explicaciones que dar» y ha anunciado que su grupo ha pedido que las ofrezca en la Cámara.
Mientras, el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, también ha aprovechado esa misma red social para pedir la dimisión de Marlaska.
Kanjaa, que residía en España desde 2019, tenía pendiente desde el pasado mes de junio su expulsión al estar en situación irregular.
Para llevar a cabo la expulsión, según la doctrina del Tribunal Supremo, deben darse circunstancias agravantes como tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia, desconocer por dónde y cuándo entró en España, entre otras, añaden las fuentes consultadas.
Mientras se tramita ese expediente, se pueden imponer medidas cautelares para garantizar la ejecución de la posible expulsión que se acuerde, como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas ante la policía.
Como última opción puede acordarse que la persona ingrese en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo máximo de estancia es de 60 días, aunque las ONG denuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al legal.
