*En estas viviendas viven unas 30 personas, algunas de ellas aún con el techo sostenido por puntales, otras duermen con grietas sobre sus cabezas e incluso una familia no puede aún habitar su vivienda, que lleva cerrada tres años
*La asociación vecinal denuncia que una veintena de casas continúan dañadas fruto de unas obras municipales y de una actuación cuestionable del Ayuntamiento y la empresa Guamar y que en la actualidad continúan esperando la prometida «reparación municipal directa por ejecución subsidiaria»
La calle Crespo será recordada siempre como la calle Desastre. En estos días se cumple el tercer aniversario desde que en junio de 2022, tres viviendas tuvieron que ser desalojadas en la calle Crespo y una veintena comenzó a presentar grietas de distinta gravedad. La asociación vecinal del barrio de San Pedro vuelve a hacer una denuncia pública de este problema ante lo que considera “demoras fruto de la dejadez administrativa del Ayuntamiento, que no entiende este asunto como prioritario”. “No queremos que nuestros vecinos vivan otro invierno con las casas rotas y con miedo a que las grietas se abran aún más”.
Las obras de las calles Crespo y Antonio Maura comenzaron en abril del año 2022, adjudicadas a la empresa Guamar con un plazo de ejecución de 6 meses, y el propósito de cambiar las tuberías de agua y aguas residuales y la reurbanización de la vía. “Sin embargo, en mayo, ya aparecieron las primeras grietas en algunas viviendas. A pesar de las advertencias de los vecinos a los técnicos de la obra de que no cavasen más profundo, continuaron y, en junio, policía y bomberos tuvieron que acudir a un inmueble para desalojarlo ante el peligro de derrumbe, posteriormente se desalojan otros dos, y las obras se detuvieron” relata la asociación.
A partir de ahí, la asociación de San Pedro denuncia, que el Ayuntamiento trató, “primero de esconder el asunto, después de responsabilizar a los afectados por el mantenimiento de sus viviendas, y por último incluso atacar al movimiento vecinal por convocar una concentración. Más allá de la verdad judicial que diluciden los tribunales, la verdad en la calle es que el Ayuntamiento no ha actuado correctamente. El alcalde y varios concejales aseguraron, falsamente, que era ilegal que el ayuntamiento entrase a reparar las viviendas. Al final tuvo que aceptar la reivindicación inicial firmada por más de 40 vecinos y vecinas: la reparación municipal directa de los inmuebles dañados, mediante una ejecución subsidiaria. Ha sido gracias al asesoramiento legal y a la presión social ejercidas por la asociación vecinal con el apoyo incondicional de la mayoría de afectados, que las personas afectadas no se han visto enterradas en una maraña burocrática y sin garantías”.
A pesar de esa “victoria vecinal”, la asociación lamenta que “los trámites están siendo tortuosamente lentos. Se reclamó una oficina de atención a los afectados, pero pasados los primeros meses, la administrativa responsable del expediente, una contratada eventual, cesó en su puesto. Muchas labores administrativas las ha tenido que realizar un abogado del ayuntamiento, con más expedientes a su cargo, lo que evidentemente ha retrasado las gestiones. Y eso a pesar de que la asociación y el abogado que la asesora han agilizado muchos papeles actuando en representación de más de la mitad de los afectados. Estamos hablando de que en estas viviendas viven unas 30 personas, algunas de ellas aún con el techo sostenido por puntales, otras duermen con grietas sobre sus cabezas e incluso una familia no puede aún habitar su vivienda, que lleva cerrada tres años”. Reclaman por ello que “se ponga arriba en la pila de papeles” la reparación municipal directa por ejecución subsidiaria.
