La Audiencia Nacional (AN) ha acordado prorrogar dos años más -a partir de enero de 2025– la prisión provisional de Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que en enero de 2023 protagonizó un ataque en Algeciras que se saldó con la muerte del sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma Diego Valencia y con varios heridos.
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal justifica su decisión señalando la gravedad de los hechos, ya que el escrito de acusación de la Fiscalía le atribuye delitos de asesinato, intento de asesinato y lesiones, todos ellos de carácter terrorista, por los que el Ministerio Público solicita una condena de 50 años de prisión.
Los magistrados de la Sección Primera explican que no se ha podido celebrar el juicio hasta el momento porque el acusado ha formulado declinatoria de jurisdicción que resolvió de forma definitiva este mismo martes el Tribunal Supremo, acordando mantener la competencia para el enjuiciamiento de estos hechos en la Audiencia Nacional.
«No ha podido enjuiciarse con antelación, pero la resolución definitiva de la cuestión despeja el camino para su señalamiento inmediato, siendo necesario asegurar su presencia en el juicio oral, pues por las penas que se solicitan no se podrá celebrar en su ausencia», indica el auto.
En cuanto a las circunstancias personales del procesado, que la defensa esgrime para pedir su libertad, como el hecho de tener familia y domicilio en Algeciras, la Sala insiste en que existe riesgo de fuga y persisten las mismas circunstancias que existían cuando se adoptó la prisión provisional, el 28 de enero del pasado año.
En este caso, indican los jueces, el procesado es nacional de Marruecos y carece de residencia legal en España. Además, el argumento de su residencia en Algeciras no ofrece al tribunal garantía suficiente de no vaya a sustraerse a la acción de la Justicia, ante la perspectiva de un juicio inminente que tiene previstas unas penas muy graves.
En cuanto la información recibida del centro penitenciario donde está recibiendo tratamiento, el tribunal considera que su adherencia al mismo y su buena evolución no lleva a deducir de manera automática que ha desparecido el riesgo de reiteración delictiva, pues precisamente esa adherencia y estabilidad se ve favorecida por el hecho de encontrarse en un entorno cerrado, estructurado y controlado.
