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19 mayo 2024
19 mayo 2024

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÁDIZ CONDENA A CUATRO PERSONAS, UNO DE ELLOS EMPLEADO PÚBLICO, POR ALTERACIÓN DE PRECIOS EN SUBASTAS PÚBLICAS

*La sentencia estima el pago de una indemnización de 178.948 euros e impone severas penas a los condenados

*En el caso del empleado público se le condena también a la inhabilitación especial y privación definitiva del empleo de funcionario

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cuatro personas, una de ellas funcionario de la propia TGSS, por alteración de precios en subastas públicas y reconoce el grave perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La sentencia supone el reconocimiento expreso del perjuicio ocasionado a la Tesorería General de la Seguridad Social por la conducta de los acusados y respalda plenamente su posición como acusación particular. En este sentido, la sentencia estima íntegramente la solicitud de indemnización de la TGSS, condenando a los responsables a su abono por un importe de 178.948,08 euros.

La sentencia, fechada el 13 de abril de 2023 y dictada por la Sección 3ª de la Audiencia, condena a los principales acusados como autores de los delitos de alteración de precios en subastas públicas, cohecho, actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, uso de información privilegiada con grave daño a la causa pública, prevaricación y violación de informaciones o secretos de un particular.

La sentencia impone severas penas a los cuatro condenados, entre doce y casi ocho años de prisión. En el caso del trabajador público, que trabajaba como administrativo en la Unidad de Subastas de la Dirección Provincial en Cádiz de la TGSS, se le condena también a la inhabilitación especial y privación definitiva para el empleo de funcionario.

Así, la sentencia señala que los hechos juzgados “provocaron en los deudores de la Seguridad Social y en la población en general la difidencia [desconfianza] en la probidad y justicia con la consecuente pérdida de prestigio de la Administración Pública”, y “originó en los trabajadores y funcionarios de la propia Dirección General el desánimo y recelo en la ingrata labor de los embargos y subastas a los deudores de la Seguridad Social”.

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