La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha publicado los acuerdos de delimitación de las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) de Algeciras, Cádiz, El Puerto de Santa María y San Fernando. La Junta ha acordado una inversión de 16,3 millones de euros para la rehabilitación de 1.454 viviendas en barriadas como La Piñera, La Paz, Los Milagros o Bazán.
El programa de las ARI tiene como destino la puesta en marcha de actuaciones en barriadas o zonas vulnerables de los municipios gaditanos de más de 50.000 habitantes: Algeciras, Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda. La convocatoria cuenta con un montante de 31,9 millones de euros.
Los acuerdos se han publicado hoy en el BOJA después de que una comisión técnica haya evaluado las solicitudes presentadas por los ayuntamientos. Una vez publicada la declaración de las zonas escogidas, el siguiente paso será la firma de un convenio entre ambas administraciones y, posteriormente, se procederá a la apertura de la convocatoria de ayudas para que puedan acudir, en concurrencia competitiva, las comunidades de propietarios de estas barriadas.
En los últimos meses, se ha desarrollado una labor didáctica para informar a los vecinos de los requisitos necesarios para optar a este tipo de subvenciones, como constituirse como comunidad de propietarios.
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha destacado que, con estos cuatro acuerdos, se completa un trámite “fundamental para conseguir dar respuesta a barriadas con necesidades palpables, como La Paz, en Cádiz, o La Piñera, en Algeciras, cuyos vecinos llevan años demandando la rehabilitación de sus viviendas”. “Nuestro compromiso con ellos es claro y vamos a seguir trabajando para ir superando etapas de esta convocatoria”, ha manifestado la consejera.
La barriada de La Piñera ha sido la zona escogida por el Ayuntamiento de Algeciras, que recibirá una financiación de 4.163.644 euros, que se destinarán íntegramente a la rehabilitación de en torno a las 332 viviendas. Se priorizarán las mejoras de conservación del inmueble, la accesibilidad en los edificios o la aplicación de medidas de eficiencia energética.
En los requisitos, además de primar aquellas comunidades de propietarios en situación más desfavorable, también se tendrá en cuenta que se actúe sobre edificios con un mayor porcentaje de ocupación.