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24 octubre 2021
24 octubre 2021

LA JUNTA AMPLÍA EN UN AÑO LAS CONCESIONES DE LOS CHIRINGUITOS DE CÁDIZ

Las medidas acordadas entre empresarios y la delegada de la Junta, Ana Mestre, se refieren a la ampliación, en un año más, de la vigencia de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre de las empresas que prestan servicios en las playas.

También se ha planteado la disposición de la Junta a solicitar al Gobierno de España la exención o prorrateo del pago del canon de estos establecimientos

 

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, en compañía del delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, han mantenido hoy una reunión a través de videoconferencia con representantes de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) para informarles acerca de las actuaciones previstas por el Gobierno andaluz para contribuir a la reactivación económica de las actividades de servicios a usuarios de playas afectados por la pandemia de Covid-19. En este encuentro, los delegados han mostrado el apoyo de la Administración autonómica al sector, que, entre otros negocios, incluye a chiringuitos, restaurantes, kioscos y entidades dedicadas al alquiler de hamacas o a iniciativas náutico-recreativas en el litoral.

 

Ana Mestre ha indicado que en este encuentro “hemos tratado la situación en la que se encuentran los chiringuitos de nuestra provincia y la necesidad de apertura con condiciones claras y favorables para el sector”, de cara a “la rentabilidad y a preservar los puestos de trabajo”.

 

Asimismo, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz ha informado que “en el Consejo de Gobierno de esta semana se aprobaban medidas favorables al sector, que ya habían venido pidiendo” los empresarios. Entre otras, se ha referido a “ampliar un año más” la vigencia de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre de las empresas que prestan servicios a los ciudadanos en las playas. También ha mencionado la solicitud “desde la Junta de Andalucía al Gobierno de España para que se pueda prorratear el pago del canon de estos establecimientos o bien que se exima del mismo”.

 

Tras esta reunión, Ana Mestre ha afirmado que “hay muchos flecos sueltos aún para el sector e incógnitas para ciudadanos que son usuarios de las playas y para estos empresarios, ya que van pasando los días y no se conocen aún las condiciones claras”. Ante esta situación, “en este encuentro hemos querido aclarar, en la medida de nuestras posibilidades, algunos de los aspectos respecto a las competencias de la Junta de Andalucía, aunque principalmente es el Gobierno de España quien tiene que mostrar la misma sensibilidad y diligencia que ha tenido el Gobierno andaluz”, ha añadido.

 

Por último, Mestre ha valorado la capacidad de este sector “que genera tantos empleos y que traslada la mejor imagen de la provincia al exterior”, refiriéndose a negocios “que tienen peculiaridades por el espacio que ocupan, en playas maravillosas de la provincia de Cádiz”. Asimismo, ha indicado que “nos debemos a ello, para que esta provincia siga fortaleciéndose y siga siendo competitiva y atractiva para los turistas”. A este respecto, ha concluido con la muestra de “todo nuestro apoyo y el trabajo de la Junta de Andalucía, para hacer posible que la apertura de estos chiringuitos se produzca en las mejores condiciones de seguridad para los clientes y, a la vez, de rentabilidad para el sector”.

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado esta semana al Consejo de Gobierno de las actuaciones que tiene previsto poner en marcha, en el ámbito de sus competencias en gestión del litoral, para contribuir a la reactivación económica de las actividades de servicios a usuarios de playas afectados por la pandemia de Covid-19. De este modo, se facilitan gestiones administrativas a este empresariado.

 

Ante la complicada situación del sector, esta Consejería ha decidido ampliar un año la vigencia de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre de las empresas que prestan servicios a los ciudadanos en las playas. Esta extensión se aplicará a todos aquellos empresarios que soliciten este permiso en 2020 y que, al hacerse efectiva esta ampliación, no excedan el tiempo máximo de concesión establecido en el reglamento de aplicación.

 

Además, la Junta permitirá en la presente temporada, de forma extraordinaria, el montaje de las instalaciones y el desarrollo de las actividades contempladas en planes de playas que se encuentren en tramitación por haber vencido en 2019. El objetivo de esta medida es que la suspensión de plazos administrativos impuesta por las limitaciones derivadas del estado de alarma no suponga una merma de la rentabilidad de las empresas que desarrollan su actividad en las playas.

 

Esta autorización extraordinaria posibilitará a los locales y entidades del litoral volver a la actividad cuando lo permitan las autoridades sanitarias, siempre que mantengan las mismas condiciones que tenían aprobadas con anterioridad (tipo de uso, superficie, ubicación, etc). En cuanto a su duración, la validez concluirá una vez que se resuelva el expediente de autorización en tramitación, momento en el que las empresas se acogerán a las condiciones contempladas en el nuevo título de ocupación.

 

Por otro lado, dadas las importantes limitaciones impuestas al sector para el ejercicio de su actividad esta temporada, la Junta de Andalucía pedirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la exención del pago del canon anual de ocupación del dominio público marítimo terrestre para 2020. En caso de no obtener la aprobación del Gobierno central a esta propuesta, la Consejería reclamará que, al menos, se lleve a cabo un prorrateo de las cantidades a asumir por los empresarios en función de las condiciones en las que puedan activar sus negocios en los próximos meses.

 

Según la estimación del Gobierno andaluz, la exención del canon podría suponer los 10 millones de euros de ahorro para los empresarios de chiringuitos de Andalucía. Este cálculo, elaborado a partir de los datos medios que tiene a su disposición la Junta, es en cualquier caso un importe aproximado, ya que se trata de una gestión que compete a la Administración General del Estado.

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