La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha anunciado la
licitación de 32 cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) en la
comarca del Campo de Gibraltar correspondientes a tres contratos -uno
destinado a trabajadores desempleados de los sectores agrario, industrial,
apoyo a las empresas y comercio, otro para el sector de la hostelería y el
turismo, y un tercero para personas trabajadoras desempleadas del sector de
la construcción.
En total, se beneficiarán de estas enseñanzas de FPE en la comarca 480
personas desempleadas a las que habría que sumar los estudiantes de los
cursos que se impartirán en el Campo de Gibraltar de un cuarto contrato
dirigido a personas ocupadas en el sector de las tecnologías en el marco del
proyecto ‘Andaluces Digitales’. Gracias a este contrato se desarrollarán 85
cursos en toda la provincia para que 1.275 trabajadores actualicen sus
competencias digitales, en niveles básicos y más avanzados.
En el conjunto de Cádiz, se licitan 206 cursos de FPE con un presupuesto de
7.121.311,56 euros, que permitirán a 3.090 personas recibir una cualificación
en las ocupaciones más demandadas por los principales sectores productivos
gaditanos.
Estos cursos se enmarcan en el procedimiento de contratación iniciado ayer
por la Consejería de Empleo por 41,1 millones de euros para los cursos de
Formación Profesional para el Empleo. El Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE) ha publicado los anuncios previos de información de dicha licitación
(se pueden consultar en https://ted.europa.eu/TED/).
El anuncio de estas licitaciones se ha visto afectado de pleno con el anuncio,
por parte del Gobierno central, de nuevas actuaciones que suponen derivar las
partidas de los fondos propios de las CCAA para la FPE para el pago de las
prestaciones por desempleo. Según defiende la Junta, “se trata de una medida
tomada sin consenso y a la que Andalucía ha contestado con indignación al
entender que existen otras fórmulas de financiación que permiten tanto el pago
de las prestaciones como la puesta en marcha de políticas activas de empleo,
especialmente en la situación actual en la que es más necesario que nunca
para las personas trabajadoras y desempleadas contar con cualificación para
poder mantener su empleo o acceder al mercado laboral”.
11 contratos que contemplan todos los sectores y provincias
Así, de los 41,1 millones, 31 millones están destinados a la obtención de
certificados de profesionalidad por parte de personas tanto ocupadas como
desempleadas. Por otro lado, algo más de 10 millones están destinados a la
puesta en marcha de los denominados “proyectos singulares”, ante la
demanda que se ha detectado de algunos oficios muy concretos tanto en el
sector de la construcción, como en el del sector de las nuevas tecnologías.
Los once anuncios, en detalle, corresponden a:
– 8, (1 para cada una de las provincias) destinados a trabajadores
desempleados de los sectores agrario, industrial, apoyo a las empresas y
comercio (26,4 M€),
– 1 para el sector de la hostelería y el turismo en todas las provincias (4,3 M€),
– 1 de servicios de formación para personas trabajadoras desempleadas del
sector de la construcción en todas las provincias (7,1 M€),
– 1 destinado a personas trabajadoras ocupadas de todas las provincias en el
sector de las tecnologías (3,1 M€). Concretamente, la Consejería de
Empleo licita en cada una de las provincias dandaluzas 85 cursos para
1.275 trabajadores ocupados en el marco del proyecto ‘Andaluces Digitales’,
que permitirá actualizar sus competencias digitales, en niveles básicos y
más avanzados.
Compromiso cumplido de reactivación de la FPE por parte de la Junta
Según ha explicado el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Alberto Cremades:
“el Gobierno andaluz cumple así con el compromiso de comenzar la licitación antes
del final del primer trimestre, en un momento en el que la formación es fundamental
para contribuir a la recuperación de la crisis provocada por la Covid-19: las
empresas gaditanas van a necesitar trabajadores bien formados en los próximos
meses para cubrir sus necesidades, y las personas trabajadoras en situación
desempleo van a requerir formación específica para tener más oportunidades de
reincorporarse al mercado laboral”.
“De esta forma -ha continuado Cremades- se recupera la Formación Profesional
para el Empleo en Andalucía, tras una parálisis durante años que ha perjudicado a
la economía andaluza y que ha supuesto la devolución de 1.300 millones de euros
en el periodo 2012-2018”.
151 empresas interesadas en la primera licitación “piloto”
Esta nueva licitación se suma al proyecto piloto iniciado en diciembre de 2019,
consistente en la licitación de 20 acciones formativas para el certificado de
profesionalidad ‘Docencia de la Formación Profesional para el Empleo dirigido a
personas trabajadoras desempleadas’, y que contó con un presupuesto base de
licitación de 714.000 euros, a ejecutar en las ocho provincias andaluzas.
La convocatoria piloto de licitación, a la que han concurrido 151 licitadores que han
presentado 205 ofertas, está dirigida a paliar la escasez de formadores cualificados
para impartir formación conducente a certificados de profesionalidad, necesidad
detectada por la Consejería en la anterior convocatoria de escuelas taller y talleres
de empleo.
El modelo de licitación pública es una apuesta de la Consejería de Empleo, que,
una vez analizado el modelo de financiación de acciones formativas a través de la
concesión de subvenciones, detectó que carecía de la necesaria agilidad para
garantizar una oferta formativa permanente y de calidad, adaptada a las
cambiantes necesidades del mercado de trabajo y que presenta enormes
dificultades que impiden garantizar la eficacia y eficiencia del gasto público.
Es por este motivo por el que la Consejería de Empleo ha sustituido el anterior
modelo de financiación basado en la convocatoria de subvenciones, por un nuevo
modelo de financiación basado en la convocatoria de licitaciones, al amparo de lo
previsto tanto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, como en el
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que hace referencia también a la oferta
formativa de las administraciones competentes y su financiación.
Entre las ventajas que aporta el régimen de contratación pública como forma de
financiación en la aplicación de los fondos de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral se encuentran la transparencia y la publicidad de los
procedimientos, el mayor control de estos y la consiguiente prevención del fraude
de ley, el fomento de la libre concurrencia, la agilidad y la mejora de la eficiencia en
la utilización del gasto público.
Otro de los beneficios derivados de este nuevo modelo de formación en Andalucía
consiste en el reconocimiento del sector de empresas de formación como sector
económico emergente y necesario colaborador de la administración pública.
En este sentido, la patronal CECAP (Confederación Española de Empresas de
Formación) ha valorado positivamente, a través de diversos canales de
comunicación, la reactivación de la Formación Profesional para el Empleo en
Andalucía con este nuevo modelo de licitación pública como punto de partida.
El interés mostrado por CECAP también se ha materializado en su asistencia a tres
talleres informativos sobre el nuevo modelo de financiación y donde se ha
asesorado a las potenciales empresas licitadoras cómo presentar las ofertas una
vez iniciado el proceso de contratación de estos servicios.
