*El sindicato ha lanzado un manifiesto en el que, sin mencionarlo, muestra su hartazgo al convertirse en el centro de disputas políticas en relación a la denuncia de la secretaria de los socialistas algecireños, Rocío Arrabal, contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, por presunta malversación en el abono de ayudas municipales en la renovación del carné de conducir de funcionarios municipales
*En el manifiesto, la sección sindical muestra su indignación al sentirse utilizados políticamente y salen en defensa de derechos que califican como históricos
*Los portavoces sindicales han dejado entrever futuras acciones como movilizaciones e incluso la paralización de la actividad municipal si persisten en la instrumentalización de sus legítimos e incuestionables derechos
*Los servicios jurídicos municipales presentarán una querella criminal contra Rocío Arrabal
Manifiesto sindical de la UGT:
A todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro Ayuntamiento, a la ciudadanía, y especialmente a quienes hoy ostentan responsabilidades políticas:
Desde la Sección Sindical de la Unión General de Trabajadores del Ayuntamiento de Algeciras, como representantes legítimos de la plantilla de trabajadoras y trabajadores de nuestro Ayuntamiento y sindicato mayoritario con más de 500 afiliados, alzamos la voz con rotundidad y firmeza para denunciar cualquier intento de intromisión, cuestionamiento o menoscabo de nuestros derechos laborales, consolidados a lo largo de más de cuatro décadas de negociación, compromiso y lucha colectiva.
Nuestro Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo, vigente desde hace 40 años, no es, ni mucho menos, un papel olvidado ni una concesión temporal: es el reflejo directo de nuestro esfuerzo colectivo, de nuestra incuestionable profesionalidad como clase trabajadora, y el pilar sobre el que se ha levantado y construido la dignidad laboral de cientos de empleadas y empleados municipales.
Es, además, fruto de una negociación colectiva democrática, responsable y legítima, respaldada durante décadas con la continua renovación de este compromiso conjunto entre la parte social (a través de la Junta de Personal y el Comité de Empresa) y la Administración (independientemente de quien la haya gobernado).
Sin embargo, asistimos últimamente con profunda preocupación a intentos de su instrumentalización política por parte de actores ajenos a nuestra realidad sindical. En un contexto de disputas partidistas, y escudándose en tecnicismos, algunos han querido aprovechar la coyuntura para poner en duda la validez de nuestro Acuerdo Regulador.
Denunciamos el carácter infame, oportunista y desleal de estas maniobras, que nada tienen que ver con la mejora del servicio público ni con la protección de quienes lo sostienen día a día con su trabajo.
Advertimos con absoluta claridad: no vamos a tolerar ataques a nuestros derechos.
Las empleadas y empleados públicos no somos moneda de cambio ni excusa para maniobras o batallas políticas. Ante cualquier deslealtad e intento de vulnerar lo acordado, de vaciar de contenido nuestros derechos o de despreciar las décadas construidas de diálogo social, nos encontrarán enfrente con toda la enorme fuerza de nuestra organización sindical.
Si hay que movilizarse, nos movilizaremos. Si hay que salir a la calle, saldremos.
Si hay que paralizar la actividad, lo haremos.
No vamos a retroceder ni un solo milímetro.
Exigimos a los responsables políticos que se dediquen a hacer política donde corresponde —en despachos, instituciones, parlamentos…— sin invadir parcelas que no les competen.
Las condiciones laborales de los trabajadores no son su campo de batalla. Son, y seguirán siendo, terreno de negociación sindical.
Por último, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de nuestro Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo, con su plena vigencia, y con la estabilidad y dignidad del empleo público.
La unión, de la que con orgullo podemos hacer gala, es nuestra mayor y mejor arma.
¡Por nuestros derechos, por nuestra historia, por nuestro futuro: ni un paso atrás!
