El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a cuestionar la doble vara de medir con la que el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra Montero utiliza a la hora de establecer medidas para bonificar las autopistas en nuestra país. Una vez más, asegura Landaluce, el Campo de Gibraltar vuelve a ser el gran perjudicado en el reparto de bonificaciones en referencia a la Autopista de la Costa del Sol, AP-7, una de las autovías que ha constatado el mayor aumento de usuarios debido al aumento de población en general y en especial en el periodo estival.
El Gobierno anuncia una bonificación de un millón de euros que, de momento es solo un anuncio y que suponen apenas ocho céntimos por usuario en el que es incuestionablemente el peaje más caro de toda la red de autopistas de nuestro país. Y esta medida, prosigue el alcalde de Algeciras, la aplica en una vía con la que el Estado ha obtenido unos ingresos acumulados de 384 millones de euros desde su apertura al tráfico en el año 1999, que deberían ser reinvertidos en bonificaciones a esta vía.
El regidor se ha referido al informe que revela los 84 millones de euros destinados por el Gobierno para bonificar la AP-9 gallega, los más de 15 millones para la AP-66 entre Oviedo y León, los 7,6 millones para la AP-53 también en Galicia, así como la extensión de la gratuidad durante un año en la AP-7 a su paso por Alicante, dejando en clara inferioridad a nuestra conexión con Málaga, todo el levante peninsular y el resto de Europa.
José Ignacio Landaluce hace hincapié en la importancia de esta vía de comunicación para los intereses de Algeciras y del Campo de Gibraltar, ya que se supone una de las principales entrada y salida desde la costa este a la comarca y del Puerto de Algeciras y las empresas del arco de la Bahía, convirtiéndose en pieza clave para el potencial económico y turístico de la zona que el Gobierno obvia reiteradamente.
Para concluir, el primer edil algecireño ha insistido en reclamar un trato similar al de otras regiones, y para ello ha pedido el apoyo de todos los municipios de la comarca cuyos intereses están siendo maltratados por la política equivocada del Gobierno de España que divide a la población en ciudadanos de primera de segunda clase según sus propios intereses. Un apoyo con el que ya contamos en Málaga de la mano de la subdelegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, consciente de que estas políticas errantes del ejecutivo nacional son un freno para el desarrollo.
