*La querella se basa en un presunto delito de calumnias contra autoridad pública por sus afirmaciones sobre el alcalde
*Muñoz y Solanes aseveran que el alcalde nunca ha tenido ningún tipo de relación comercial o contractual con el Ayuntamiento, por lo que no existe ningún conflicto de intereses
El primer teniente de alcalde y delegado de Personal, Jacinto Muñoz Madrid, y la teniente de alcalde responsable de Hacienda, María Solanes, han anunciado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Algeciras estàn trabajando en la presentación de una querella criminal contra la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, por las acusaciones que vertió ayer en rueda de prensa sobre el alcalde, José Ignacio Landaluce.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, los representantes del equipo de Gobierno municipal han “desmentido una por una las mentiras de la señora Arrabal, que podría haber incurrido con sus acusaciones en un delito de calumnias contra autoridad pública por sus afirmaciones sobre unos supuestos pagos del Ayuntamiento al centro médico del alcalde”.
Muñoz Madrid ha sido tajante al señalar que “los servicios jurídicos realizarán las acciones necesarias para defender el buen nombre del Ayuntamiento de Algeciras y de sus funcionarios, también puestos injustamente en entredicho por estas declaraciones”.
El primer teniente de alcalde indica que “la primera mentira desmontada de la señora Arrabal es que dijo textualmente que para explicar los hechos denunciados hay que remontarse a 2012, cuando se introducen mejoras en el convenio colectivo de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, ostentando ya la Alcaldía Landaluce. Uno de los derechos sociales que se incluye en el nuevo texto, concretamente en el artículo 25, es la subvención al funcionariado del carné de conducir. La señora Arrabal parece vivir en una realidad paralela donde todo lo anterior a José Ignacio Landaluce no existe”.
“Pues bien, los hechos son claros y verificables: el convenio colectivo del año 2012 no introduce ningún cambio, se limita a prorrogar lo ya recogido en textos anteriores sin modificar ni una sola coma. Es más, si hubiera consultado los archivos de su propio partido habría descubierto que fue el alcalde socialista Ernesto Delgado en el año 1988, quien introdujo en el convenio el artículo 24, que decia que a los funcionarios que por razón del puesto de trabajo asignado deban actualizar el permiso de conducir, la Corporación les abonará hasta el 25% de los gastos de renovación. En el año 1992 el artículo se modifica, pasa a ser el 26, y se amplía por parte del alcalde Patricio González, abonando ya todos los gastos de renovación”, subraya el primer teniente de alcalde.
Añade que “este derecho social se mantiene en los mismos términos en los convenios de los años 1994, 1996, 1999, 2001 y 2004, este último firmado por el entonces alcalde socialista Juan Antonio Palacios, y en 2008 el también socialista Tomás Herrera introduce una única puntualización: la renovación no se abonará en caso de pérdida de puntos. Por tanto, es rotundamente falso que el alcalde José Ignacio Landaluce tenga relación alguna con el origen o modificación de este derecho. Lo que se hizo en 2012, a petición de la plantilla municipal, fue prorrogar el convenio colectivo vigente sin alterar este artículo en absoluto. Primera medida desmontada”.
Ha continuado Muñoz Madrid reseñando que “la señora Arrabal también manifestó que es una falta de ética, ya que lo propio hubiera sido sacar este servicio a licitación pública. Esa es otra afirmación tan malintencionada como ignorante, ya que esta prestación no es un servicio municipal contratado, sino una mejora social recogida en convenio. Cada funcionario elige libremente el centro médico que desea y abona directamente los costes, que posteriormente se le reembolsan, como en cualquier otra ayuda contemplada por convenio. No existe ningún contrato municipal con centro médico alguno, por tanto no procede ni cabe ninguna licitación pública. Estamos ante un nuevo intento, miserable y desesperado, de la señora Arrabal por embarrar la vida pública con acusaciones sin fundamento, pero esta vez responderemos con la contundencia de la ley. Ya está bien de ensuciar el nombre de las instituciones y de quienes las sirven con rigor y responsabilidad”.
Ambos tenientes de alcalde han defendido que estos expedientes, de los que el equipo de Gobierno no tiene obligación de dar cuenta a la Comisión de Hacienda, han contado siempre con el respaldo tanto del PSOE como de todos los grupos políticos que han formado parte de las distintas corporaciones, y que José Ignacio Landaluce “nunca, ni a título personal ni a través de su empresa, ha tenido ningún tipo de relación comercial o contractual con el Ayuntamiento, por lo que no existe ningún conflicto de intereses, y además, el alcalde cumple escrupulosamente con todo lo relacionado con las incompatibilidades”.
Como dato añadido, han subrayado que durante el año 2024 fueron tramitados 24 expedientes en esta materia, con un importe conjunto que no ha llegado a los mil euros, aclarando que “este derecho solo lo tienen aquellos funcionarios que, como policías locales y conductores del Ayuntamiento, necesiten el carné de conducir para realizar su trabajo, y se les reintegra a cada uno los 67 euros que han pagado previamente de sus bolsillos para la renovaciòn, pudiendo elegir libremente el centro médico al que quieren acudir, tanto en la ciudad como en los casos que se han dado de otras localidades de las provincias de Cádiz y Sevilla.
Asimismo, han reclamado a Arrabal “que cese en la persecución que está manteniendo sobre el alcalde, mostrando fotos en el pleno, atacando a su madre o lanzando falsas acusaciones sobre supuestos hechos que no existen”.
