El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado una paquete con nueve medidas de presión a Israel entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para imponer un embargo de armas, así como la prohibición de entrada a España a cualquier persona que haya participado directamente en lo que Sánchez calificó de «genocidio».
Esta es la primera vez que el gobierno español utiliza de modo abierto la palabra «genocidio» para referirse a la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, aunque lo hizo mencionando que es así como lo califica la relatora especial de la ONU Francesca Albanese y la mayoría de expertos.
Más de 64.000 personas, incluidos casi 19.000 niños, han muerto como resultado de la campaña militar israelí en Gaza desde octubre de 2023 en represalia a los atentados de Hamás donde murieron más de 1.200 personas.
Sánchez, que habló en una comparecencia donde no se permitieron preguntas, dijo que lo que comenzó como una respuesta a «los atroces atentados de Hamás» del 7 de octubre de 2023, «no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario».
Por eso, el mandatario dijo que las medidas buscan «perseguir a sus ejecutores» y añadió que esperaba que «sirvan para presionar al primer ministro Netanyahu y a su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que padece la población palestina».
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó en un comunicado que Sánchez intentaba «desviar la atención de los graves escándalos de corrupción mediante una continua campaña antiisraelí y antisemita».
Además, Israel respondió prohibiendo la entrada en el país a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud, Sira Rego, ambas del partido de izquierda Sumar, socio de coalición en el gobierno.
