La reducción de la jornada laboral máxima a treinta siete horas y media semanales sin merma alguna en los salarios a partir del próximo 1 enero del 2025 dará cumplimiento a una de las medidas estrella del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar.
Desde que se implantó el límite legal de 40 horas en el año 1983, los avances tecnológicos y los cambios en el mercado de trabajo han convertido una rebaja de esa índole en recurrente y supone un continuo objeto de debate.
De hecho, la negociación colectiva ha propiciado jornadas inferiores al futuro tope en numerosas empresas y varios sectores dependiendo de las peculiaridades de cada una.
Esto ocurre ya da hecho en numerosos sectores pero, de ahí, a generalizar el recorte al margen de las peculiaridades de cada una de las actividades empresariales puede conllevar riesgos que habría sido conveniente evaluar de antemano, junto a su posible impacto en la productividad -un ‘punto negro’ de la economía española- en un contexto de alto absentismo.
El Ejecutivo marca un inequívoco perfil de izquierdas con esta popular iniciativa, que está rechazada de plano por la patronal.
La prioridad que se le ha concedido a este tema contrasta con que, pese al actual récord de ocupación que tenemos en cuanto a trabajo, el número total de horas trabajadas ha caído un 2,1% desde la pandemia (este es un tema a tener muy en cuenta).
Posiblemente sería preferible impedir los muchos abusos que se producen mediante un control más eficaz de las horas llevadas a cabo en realidad y (por supuesto) del fiel pago de las horas extras extras.
Patricio González
