Que tras denuncia en sede penal de Verdemar Ecologistas en Acción contra el Sr. Alcalde de ese Consistorio y CEPSA, se incoaron Diligencias de Investigación Penal en la Fiscalía del Área de Algeciras, que dieron lugar a Diligencias Previas en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de San Roque.
Que en el seno de tales Diligencias Previas se ha dictado Auto, acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, dictaminando en el Fundamento de Derecho Tercero in fine lo siguiente: ”… y todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las partes puedan promover ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo y ello lo decimos porque, tras lo practicado y la recepción de diversos informes, cabría entender la existencia de irregularidades o supuestos incumplimientos de la normativa administrativa de las que no se deduce el carácter penal en la concesión de Licencias de Obras”.
CEPSA S.A ejecutó obras que implicaban desmontes, movimientos y gestión de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación ¨Fondo de Barril”, dentro del Área CP2-PEI. Suelo Urbano No Consolidado (U.E.1).
Todas las licencias referidas se otorgaron sin esperar a la aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución urbanística preceptivos, a saber: Delimitación, Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización.
En este caso, el Estudio de Detalle sólo había sido aprobado inicialmente por Decreto de la Alcaldía de 25/03/2019.
La aprobación municipal del subsiguiente Proyecto de Urbanización no se ha iniciado siquiera, pese a lo cual se ha desmontado y rebajado todo el cerro de Los Castellones, sin pronunciamiento legal que imponga las necesarias cautelas ambientales y arqueológicas a través de la Calificación Ambiental.
Es por lo que Verdemar Ecologistas en Acción entiende que las referidas licencias serían nulas de pleno derecho, pues se basan en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI, aprobado en 1993) en el Área de la Bahía en el T.M. de San Roque sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa, que no ha llegado a publicarse tras su aprobación en pleno del Excmo. Ayuntamiento de San Roque de fecha 29 de noviembre de 2018.
Es por lo que hemos pedido al Ayto de San Roque que se debe reparar cualquier perjuicio ocasionado por la omisión de una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente requerida por el Derecho de la Unión que obliga a restaurar los terrenos con recuperación de los valores ambientales perdidos, enervando toda la tramitación de su evaluación ambiental a posteriori, si no se quieren reducir a la nada normas de Derecho necesario con violación de la jurisprudencia comunitaria.
