Según Rocío Arrabal, candidata del PSOE a las próximas elecciones municipales, la sección de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias de investigación por el ‘caso Garancruz’, al considerar que los hechos denunciados hace meses por el PSOE de Algeciras en relación a la vigilancia de edificios municipales pueden constituir un delito continuado de prevaricación administrativa por parte del actual alcalde, José Ignacio Landaluce.
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la secretaria general y candidata del PSOE a la Alcaldía de Algeciras, Rocío Arrabal, que ha explicado que, una vez iniciadas las diligencias, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento que aporte una serie de documentación a la máxima brevedad posible y, como máximo, en un plazo de dos meses.
Arrabal ha recordado ante los periodistas el contenido de los hechos denunciados en los últimos meses de 2022, tras tener conocimiento de que el Ayuntamiento había contratado para labores de vigilancia en distintas dependencias municipales a una misma empresa (Garancruz) que no aparecía habilitada para prestar ese tipo de servicios, y, además, con contratos menores prolongados en el tiempo, y al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del sector público.
“Los socialistas detectamos que había un fraccionamiento de los contratos y que éstos se reiteraban, convirtiéndose en un servicio permanente sin nueva contratación y evitando el procedimiento público de concurrencia”, ha recordado Arrabal, incidiendo en que “también se formalizaban ‘encargos’ de servicios sin ni siquiera contrato menor, sin licitación, y en muchas ocasiones, tal como señalaba el interventor, sin que se hubiera realizado el trámite de fiscalización”.
Ante este “despropósito”, que en ningún caso parecía un “hecho puntual” y que ya había supuesto para las arcas municipales unos 709.000 euros, los socialistas trasladaron un expediente a la Fiscalía, incluyendo pruebas de que dichos “servicios de vigilancia” se habían llevado a cabo en varios edificios municipales, como el antiguo edificio de los Bomberos (donde se encuentra actualmente la Administración Tributaria), el Albergue de emergencia social, el mercado Ingeniero Torroja, y las dependencias de las delegaciones de Juventud, Medio Ambiente y Ferias y Fiestas, así como la vigilancia del parking La Escalinata.
Arrabal, que ha mostrado ante los periodistas el referido documento judicial, ha dejado claro durante su comparecencia que “si la Fiscalía ha admitido a trámite nuestra denuncia y ha abierto ya diligencias de investigación es porque, y así lo expresa literalmente, ve indicios suficientes de que pueda haber hechos delictivos y conductas que pueden ser penalmente reprochables”.
Ante la gravedad de estos hechos, la dirigente socialista entiende que el actual alcalde de Algeciras está en la obligación de dar explicaciones públicas ante la ciudadanía, teniendo en cuenta que “es el máximo responsable de cuanto ocurre en el Ayuntamiento, y que también está envuelto en otros casos, como el de Algesa, la Escalinata, la grúa municipal… de los que próximamente se irán conociendo novedades”.
Por otra parte, Arrabal ha recordado que la propia concejal delegada de Hacienda, María Solanes, llegó a reconocer en una rueda de prensa que “era cierto que se tenía que haber hecho un contrato unitario por esos servicios de vigilancia, pero que no se llegó a hacer porque era muy difícil…”. “Como argumento para tratar de saltarse la Ley de Contratación pública es un poco pobre”, ha añadido Arrabal, que ha insistido en recordar a Landaluce que “las leyes y los procedimientos administrativos están para cumplirlos” y que “el Ayuntamiento de Algeciras no es su cortijo”.
Arrabal, que ha recordado a Landaluce que “nadie es impune, aunque tenga un escaño en el Senado”, ha concluido confirmando que el PSOE de Algeciras seguirá llevando a cabo su labor de fiscalización de cuantas irregularidades se hayan podido cometer por parte del gobierno municipal “opaco” liderado por el PP.
