*A los investigados se les imputan los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración clandestina, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo
*Estas empresas habrían obtenido adjudicaciones públicas en distintos municipios andaluces, especialmente en el Campo de Gibraltar, presentando ofertas por debajo del valor base de licitación
*Posteriormente, acumulaban deudas y quedaban inactivas para dar paso a la creación de nuevas sociedades con las que continuaban operando, eludiendo así sus obligaciones legales y fiscales
*Uno de los detenidos es Daniel Pérez Cumbre, que dimitió como concejal del ayuntamiento de Los Barrios hace pocos meses
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras – Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Local de La Línea de la Concepción, han desarticulado un clan familiar que operaba a través de un entramado de empresas de eventos con sedes en La Línea de la Concepción y Jimena de la Frontera.
A los investigados se les imputan los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración clandestina, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Fruto de una intensa investigación desarrollada desde el pasado mes de enero, se han llevado a cabo cuatro entradas y registros simultáneos en domicilios y naves industriales de La Línea de la Concepción, así como en una vivienda en Jimena de la Frontera. En el operativo han participado también efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de La Línea y Guías Caninos de la Policía Nacional de Algeciras. Durante los registros se intervinieron grandes cantidades de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación.
La investigación se inició al tener conocimiento de la posible explotación de trabajadores en situación irregular en una conocida empresa de eventos de la zona. Las pesquisas permitieron identificar un entramado empresarial controlado por una misma familia, compuesto por varias sociedades algunas de ellas inactivas y con importantes deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Tributaria (AEAT).
Estas empresas habrían obtenido adjudicaciones públicas en distintos municipios andaluces presentando ofertas por debajo del valor base de licitación. Posteriormente, acumulaban deudas y quedaban inactivas para dar paso a la creación de nuevas sociedades con las que continuaban operando, eludiendo así sus obligaciones legales y fiscales.
Para abaratar costes, empleaban a trabajadores extranjeros en situación de especial vulnerabilidad, muchos de ellos en situación administrativa irregular y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. También contrataban a trabajadores nacionales en condiciones fraudulentas, con contratos parciales o sin contrato alguno, incumpliendo de forma sistemática la normativa laboral.
Los empleados eran obligados a trabajar hasta 12 horas diarias sin descanso, recibiendo sus turnos apenas unas horas antes, lo que les obligaba a estar disponibles permanentemente. En los picos de trabajo, llegaban a encadenar más de 14 días consecutivos de trabajo sin descanso, sin recibir alimentación ni bebida y durmiendo en furgonetas en condiciones insalubres. Aquellos que protestaban, eran objeto de vejaciones e insultos.
Asimismo, carecían de formación y de medidas de prevención de riesgos laborales, trabajando sin equipos de protección individual. Algunos trabajadores sufrieron accidentes de diversa gravedad, siendo instados por los responsables a acudir por su cuenta a centros sanitarios y a ocultar que se trataba de accidentes laborales, con el objetivo de evitar inspecciones.
Durante la investigación, gracias a las vigilancias y declaraciones recabadas, se ha podido constatar el estado de deterioro de muchas de las atracciones utilizadas por el entramado empresarial, algunas de las cuales han provocado accidentes entre los usuarios. Pese a conocer el riesgo, los responsables obligaban a los empleados a instalar y operar estas atracciones.
Los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial esta mañana quedando en libertad con prohibición de salida del país retirada de pasaportes.
