*El Sindicato de inquilinos de Cádiz, Federación Vecinal de La Línea y El Puerto Para Vivir denuncian que durante el mes de junio, más de 4000 familias serán expulsadas de sus hogares tras finalizar sus alquileres de temporada en toda la provincia de Cádiz
Con la llegada del verano, en toda la provincia de Cádiz se producen de manera masiva aquello que desde los colectivos de la vivienda se denomina “desahucios invisibles”. Desahucios que se producen ni por una orden de un juez, ni por la demanda de un arrendador, sino porque las inquilinas e inquilinos de la vivienda se ven obligados a marcharse a pesar de su voluntad de seguir residiendo en su hogar.
Datos recientes publicados en distintos medios de carácter nacional demuestran que en ciudades como Cádiz más del 70% de los alquileres ofrecidos en las plataformas digitales adoptan el carácter de alquiler de temporada. Porcentaje que aumenta en ciudades costeras de tamaño medio como Chiclana o Tarifa.
El número de alquileres de temporada que se ofertan en la ciudad de Cádiz alcanza la cifra de 2000 anualmente, teniendo en cuenta que mensualmente se ofertan entre 150 y 200 alquileres de estas características. Alcanzando el número de 4000 en total, si tenemos en cuenta la totalidad de la provincia gaditana.
Los colectivos de vivienda de la provincia argumentan que esto se produce por un agujero que la propia ley de vivienda estatal dejó abierto en su redacción, y por la propia rentabilidad que alcanzan este tipo de arrendamientos, tanto por sus precios más elevados, como por el uso turístico de dichas viviendas durante los meses de julio y agosto. Unos beneficios que generan los incentivos suficientes para que los caseros y rentistas prefieran recurrir a esta modalidad de alquiler frente al residencial de larga duración.
Este tipo de arrendamientos no se rigen por la ley de arrendamientos urbanos y dejan absolutamente desprotegidas a las inquilinas e inquilinos, sin prácticamente ningún derecho reconocido apostillan las organizaciones defensoras del derecho a la vivienda de la provincia. De hecho, el pasado mes de septiembre de 2024, los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos presentaron una proposición de ley para regular los alquileres de temporada la cual fue tumbada en el Congreso de los Diputados.
Se trata de un fraude de ley masivo, señalan las distintas plataformas, puesto que en la mayoría de ocasiones quienes residen en este tipo de alquileres son familias y personas trabajadoras que necesitan de una vivienda para residir con estabilidad todo el año.
Además de agravar la situación de inestabilidad de quienes residen de alquiler, aumenta la presión turística de las ciudades y pueblos de la provincia, ya que permite aumentar el alojamiento de turistas de manera considerable y por encima de lo que la mayoría de municipios pueden soportar. De hecho, de esta manera se impide que miles de personas puedan vivir en los municipios donde trabajan durante el verano.
La mercantilización de la vivienda y la turistificación de los pueblos y ciudades de Cádiz no solo nos expulsa de nuestras casas en verano, sino que nos condena a los empleos precarios del sector turístico que, además, no nos permiten pagar un techo por sus bajos salarios, argumentan los distintos colectivos.
La solución pasa por la organización y la resistencia de quienes sufren esta problemática, negándose a marcharse de sus casas, concluyen concluyen desde el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, Federación Vecinal de La Línea y El Puerto Para Vivir.
De igual manera, anuncian el inicio de una campaña en redes sociales para concienciar sobre esta realidad que consideran invisibilizada y acciones simbólicas en el Ayuntamiento de Cádiz el lunes 30 de junio y el 19 de julio en El Puerto de Santa María.
