EL ABOGADO IGNACIO DE CASTRO ANUNCIA LA INTERPOSICIÓN DE QUERELLA CRIMINAL CONTRA «INICIATIVA COMARCAL» POR DELITO DE INJURIAS Y CALUMNIAS Y RECLAMA UNA INDEMNIZACIÓN DE 100.000€

*La querella guarda relación con la información que este medio digital divulgó el pasado 19 de febrero sobre el pago de una indemnización de 1.301.123€ que efectuó el Ayuntamiento de Algeciras a los vecinos del edificio Escalinata por “daños morales” y que presuntamente fue inflada en el proceso de negociación que, en nombre de la comunidad, acordó el indicado letrado y el Presidente de los vecinos con el propio Ayuntamiento

Este medio y su director, han sido citados a un acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal por un presunto delito de injurias y calumnias y una reclamación indemnizatoria de 100.000€.

Desde Iniciativa Comarcal nos reafirmarnos en la veracidad de nuestras informaciones y de la neutralidad a la hora de elaborarlas. Estas siempre son contrastadas y consensuadas con nuestra asesoría jurídica, en el caso de informaciones con aristas judiciales, como es el caso. Desde este medio encuadramos el anuncio de querella como un intento de intimidar a nuestro medio de comunicación para que se abstenga de publicar noticias de su protagonista, el abogado algecireño Ignacio de Castro.

La información tiene relevancia pública e interés general, y se enmarca en un conflicto que lleva años siendo tratado en diferentes medios locales, donde precisamente ambos investigados han hecho todo tipo de declaraciones y acusaciones frente a terceros. En ningún momento se han utilizado expresiones injuriosas ni difamatorias contra dicha persona ni contra el presidente de la comunidad de vecinos. Iniciativa Comarcal no va a dejar de publicar informaciones relevantes ni de interés para nuestros lectores, y expondrá ante los tribunales estas explicaciones si finalmente dicho abogado interpusiera su anunciada querella criminal.

También queremos dejar claro que este medio de  comunicación intentó por todos los medios que el abogado Sr. Castro diera su versión de los hechos y explicara su punto de vista, lo que fue en vano, rechazando dicha posibilidad.

Se da además la circunstancia de que Castro es una persona conocida públicamente. Es asiduo columnista de un conocido medio local y ha ostentado diversos cargos en puestos de notoriedad y relevancia pública. También fue candidato en las pasadas elecciones municipales figurando en la listas de un partido político local, con escaso éxito, por cierto y no es menos conocida su faceta pública de empresario de ocio nocturno con alguna concesión municipal o como promotor inmobiliario, además de participar en pleitos de trascendencia pública, como el que nos ocupa.

Con respecto a los mensajes que libremente dejan nuestros lectores en nuestro medio, entendemos que son variados, algunos muy críticos con el protagonista de la noticia, otros, en cambio, muestran su apoyo a dicho personaje, lo que es propio y común en medios con un espectro de lectores de diferente naturaleza, como es Iniciativa Comarcal. La política del medio en ese aspecto, siguiendo la más reciente jurisprudencia en la materia, es eliminar cualquier mensaje que pueda atentar contra el honor de cualquier persona, y  hacerlo de inmediato.

INICIATIVA COMARCAL recuerda que en nuestra información de 19 de febrero, destacábamos que existía una grabación sonora en la que el cliente del Sr. Castro, a la sazón presidente de la comunidad (el otro querellado), habría admitido que inflaron las indemnizaciones que tenían que cobrar del Ayuntamiento.

Como informó este medio, el ayuntamiento pagó 1.301.123€, cantidad que podría contener no solo una indemnización acordada judicialmente, sino el propósito de que los vecinos se abstuvieran de seguir insistiendo en la demolición del parking y de las oficinas aledañas al mismo, lo que hicieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con fecha 4 de junio de 2018, días después del acuerdo del Pleno de 14 de mayo de 2018, así como que retiraran las acciones penales contra algunos miembros del consistorio algecireño, lo que hicieron, quedándose la Fiscalía como única acusación.

Se da la circunstancia que se habrían incluido en la indemnización varias facturas giradas por el bufete DE CASTRO GABINETE JURÍDICO durante la pendencia del procedimiento, a pesar de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía «excluyó expresamente el pago de los gastos procesales”, señalando que «debían eliminarse de la indemnización aquellos que no fueran previos al proceso».

Gran parte de esa indemnización lo era para el pago de los gastos de la demolición del edificio en ruinas, y solo podrían cobrarlas una vez acreditada la misma. A día de hoy no se ha producido esa demolición, permaneciendo el edificio en pie.

Tanto el Ayuntamiento como los vecinos intentaron que la mitad de esa suma la abonara la empresa NAUTAGEST, a lo que ésta se negó, dándole la razón el propio Juzgado de lo Contencioso que denegó dicha posibilidad en el seno del procedimiento contencioso.

Al parecer la entidad NAUTAGEST informó al Juzgado de lo contencioso de que dicho acuerdo de pago podría ser constitutivo de un delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS, y anunció que interpondría una querella si el Ayuntamiento optara por reclamarles esa mitad de la suma abonada. Hasta el momento el Ayuntamiento no ha interpuesto reclamación judicial alguna para exigirlo, a pesar del tiempo transcurrido.