El 16 de noviembre, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno de España con los votos del Partido Socialista, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria. Apenas dos meses después, el pleno de esta semana pasada, celebrado en el Senado al estar en obras la sede del Congreso, ha reescrito los acuerdos que hicieron posible la investidura. Así, el PSOE ha hecho una batería adicional de concesiones de gran calado a Junts, mientras que Sumar ha comprobado que Podemos tiene vida propia y sus cinco diputados votan lo que a ellos les parece oportuno.
De los tres decretos sometidos a convalidación, dos salieron adelante tras una negociación “in extremis” y en la que Junts consiguió todo lo que pedía a cambio de ni siquiera votar afirmativamente. Por si fuera poco, a día de hoy lo único que se sabe de lo pactado es la versión del partido de Puigdemont, pues el Partido Socialista sigue sin explicar claramente qué acordó, con qué alcance y con qué calendario de aplicación.
Entre los nuevos peajes pagados por Pedro Sánchez a cambio de su supervivencia política se encuentra la delegación de competencias en materia de inmigración. Estamos ante una cuestión que no se recogía en el documento sellado por el PSOE y Junts al pactar la investidura, por lo que también hay que preguntarse qué más concesiones harán los socialistas cada vez que en el Congreso haya una votación.
Si entramos en el fondo de la cuestión, peor se explica lo sucedido, por obra y gracia de un pacto con un partido que a día de hoy ni siquiera gobierna en la Generalitat, lo que obligó al ministro Félix Bolaños a llamar al Gobierno catalán de ERC para explicar lo acordado a quienes teóricamente sí deberán gestionar esa delegación de competencias.
Este sábado pasado, el presidente Pedro Sánchez se reunió con sus ministros en la finca de Quintos de Mora, en Toledo, para teóricamente unificar criterios y fijar la hoja de ruta. Se suponía que eso estaba marcado en su discurso de investidura, pero ahora ya sabemos que no es así: los criterios se cambian en función de las exigencias de los aliados, que exprimen al máximo la debilidad del presidente, y la hoja de ruta la escribe en Waterloo un prófugo.
Patricio González
