*Fernando Silva, viceportavoz municipal, advierte que el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, tendrá que asumir tarde o temprano su responsabilidad política
El PSOE de Algeciras muestra su preocupación al observar que la factura millonaria del caso Escalinata se dispara. Ya la primera sentencia del Contencioso fue un duro golpe con los 7,4 millones de euros a los que asciende la factura, pero la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace temer que no habrá un cambio de pronunciamiento a favor de los intereses municipales.
“El equipo de Landaluce anuncia que va a presentar un recurso de casación, lo que volverá a retrasar los tiempos, pero no será la solución. Todo apunta a que la sentencia volverá a suponer un daño sin precedentes para las arcas municipales. Esta es la herencia que nos está dejando José Ignacio Landaluce”, indica el viceportavoz municipal socialista Fernando Silva.
“Seguimos reclamando que el alcalde asuma su responsabilidad como promotor político de este parking, algo que venimos exigiendo desde hace años. No pide perdón y quiere descargar las culpas en otros, cuando él es el único de los actuales representantes de aquella época funesta del urbanismo algecireño”, añade Fernando Silva.
Desde el PSOE lamentan que la nefasta gestión del alcalde alargue más en el tiempo la situación que atraviesa esta construcción, cuya clausura, anunciada hace escasos días, llega tarde. Han pasado cinco años desde que el tribunal ordenase el derribo.
“En todo este tiempo, somos los algecireños los que estamos pagando la patadita al balón hacia delante de Landaluce, que está a la espera de que llegue otro a solucionar los problemas que él está ocasionando. Mientras, los propietarios afectados por el parking, como todos los algecireños, continúan a la espera de soluciones”, explica el viceportavoz.
Los socialistas han solicitado además información sobre la reclamación judicial del concesionario de un parking en la avenida Fuerzas Armadas que no se construyó, pero que fue adjudicado a West Team en noviembre de 2000. Informaciones periodísticas apuntan la existencia de una sentencia que habría condenado al ayuntamiento algecireño al pago de 600.000 euros y costas procesales.
