*La petición de investigación sobre los indicios de un “uso fraudulento” de procedimientos de contratación incorpora algunas novedades, entre ellas unas declaraciones realizadas por la concejal de Hacienda
El PSOE de Algeciras ya ha dado traslado a la Fiscalía del Tribunal Supremo de toda la documentación que ha podido recabar sobre el presunto caso de prevaricación municipal denunciado esta semana, con el objetivo de que dicho organismo investigue los indicios existentes sobre un posible “uso fraudulento”, por parte del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, de los procedimientos de contratación de servicios de vigilancia y control de instalaciones municipales.
Según ha informado esta misma tarde la secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, el envío de dicha petición ha sido ampliado con la inclusión en el expediente algunas “nuevas aportaciones”, entre ellas las declaraciones realizadas la pasada semana por la concejal delegada de Economia y Hacienda, María Solanes, reconociendo públicamente los hechos denunciados por el PSOE en una rueda de prensa.
“Cabe tener en cuenta que, según quedó recogido en los medios de comunicación, la delegada de Hacienda reconocía, en primer lugar, que no ha existido ninguna licitación en lo que respecta a dichos servicios de vigilancia. En segundo lugar, reconoce en dichas declaraciones que se trata de un servicio unitario, lo que contrasta con el reparto entre delegaciones municipales, con el consiguiente fraccionamiento del gasto”, advierte Arrabal, añadiendo que, en dicha rueda de prensa, desde el equipo de gobierno aluden también a la existencia de “un contrato menor”, que es lo que les habría permitido evitar los procedimientos legales.
La dirigente socialista ha confirmado también este lunes que los hechos que se ponen en conocimiento de la Fiscalía, para que proceda a su investigación, incluyen la ausencia de procedimientos para la adjudicación de los referidos servicios de vigilancia y control de instalaciones municipales, así como la periodicidad y continuidad en estas “adjudicaciones a dedo”, que se extienden desde el año 2017. Asimismo, se aclara también que la empresa beneficiaria, Garancruz, no está dada de alta en el epígrafe correspondiente al de dichos servicios de vigilancia.
El PSOE entiende que a partir de ahora debe ser la Fiscalía la que esclarezca si desde la alcaldía de esta ciudad se ha podido hacer un “uso fraudulento” de procedimientos administrativos como el de la convalidación, impidiendo la libre concurrencia de empresas y la igualdad de trato”, lo que “puede estar dando lugar a hechos tipificados por la jurisprudencia como delitos de prevaricación administrativa”.
Desde el PSOE se recuerda que dividir contratos en prestaciones que podrían constituir por su naturaleza un único contrato es algo que está prohibido por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, que dice textualmente, en su art.99.2, que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía de éste y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda”.
“En otros municipios las cosas se hacen bien, y se licitan los contratos en condiciones… No es tan difícil ni tan complicado si se hace por concurrencia, y para eso tenemos buenos funcionarios en el Ayuntamiento. Otra cosa es que lo que se pretenda sea hacer ‘un traje a medida’, como pudiera parecer que ha sido el caso”, ha añadido Arrabal, que lamenta que, en lugar de hacer las cosas bien, desde el equipo de gobierno se haya preferido “fraccionar esos presuntos servicios por debajo de los 18.000 euros, como si correspondieran a un contrato menor, para así poder encargarlos de una manera directa a una empresa determinada y evitar el procedimiento de adjudicación pública”.
