Como cuestión fundamental, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) solicita prorrogar hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad, desvinculándola del Estado de Alarma.
La propuesta presentada por UPTA al ejecutivo, pretende garantizar la protección de los trabajadores autónomos más allá de la desescalada, una vez finalice el Estado de Alarma y la prestación extraordinaria por cese de actividad desaparezca, según lo establecido en la normativa vigente por el COVID-19.
Inés Mazuela, secretaria general de UPTA Andalucía, “es imprescindible que el Gobierno amplíe la protección social al colectivo, ya que no sólo va a continuar sufriendo restricciones en el ejercicio de su actividad sino que la recuperación del consumo será muy complicada incluso una vez alcanzada la nueva normalidad, y además, en determinados sectores tendrá una mayor afectación”.
La propuesta de UPTA, que será presentada en la reunión de la próxima semana con el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incluye:
En primer lugar, prorrogar hasta el 30 de junio y en los mismos términos, la prestación extraordinaria por cese de actividad, para aquellos autónomos que ya la tenían reconocida, desvinculándola, así, del Estado de Alarma.
Por otro lado, para aquellas actividades que tengan limitaciones o restricciones más allá del 30 junio, en atención al desarrollo de las fases de desescalada, así como para aquellos autónomos que acrediten una disminución en su facturación, UPTA propone que puedan acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad, estableciéndose un nuevo periodo de solicitud y con una duración de, al menos 3 meses, pudiendo prorrogarse hasta el 31 de diciembre.
Por último, para los trabajadores autónomos que desarrollen una actividad estacional, (autónomos de temporada) y que hayan estado excluidos de la prestación extraordinaria por cese de actividad, se propone la creación de una prestación extraordinaria especial ante situaciones de restricción de actividad o en los casos en los que soporten una reducción significativa de ingresos, y que podrá extenderse hasta el 31 de diciembre.
Para Mazuela, «esta protección resulta del todo imprescindible como medida de reactivación económica del tejido productivo andaluz, conformado mayoritariamente por trabajadores/as autónomos, acompañada de medidas a poner en marcha por las administraciones autonómicas y locales destinadas al mantenimiento del trabajo autónomo y del empleo así como de la recuperación del consumo y de la confianza de los consumidores».
