*Un abogado que representó a la comunidad de vecinos del edificio «La Escalinata» reclama a ésta y a otros vecinos 32.000 € por el impago de sus honorarios profesionales
*Podría darse la circunstancia que pudieran haber más abogados en la misma situación
El abogado de la comunidad de vecinos La Escalinata ha presentado una demanda de Jura de Cuentas en el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Algeciras, reclamando los honorarios pactados por el proceso judicial que terminó con la indemnización de más de 1.300.000 € a los vecinos.
Dicho abogado participó en la redacción de la demanda inicial que hizo el grueso estudio de la reclamación, dando curso al inicio del procedimiento hasta que fue sustituido ya al final de la primera instancia por el abogado Ignacio Castro. Mientras que este último sí cobró sus honorarios, la comunidad de propietarios no abonó al inicial letrado su minuta, que implicaba un pacto de cuota Litis y la obligación de abonarle el 3 % de la cantidad que se obtuviera del ayuntamiento de Algeciras.
Se da la circunstancia de que el presidente de dicha comunidad está siendo investigado por un juzgado de instrucción de Algeciras por presunta apropiación indebida y administración desleal de parte de la indemnización obtenida del ayuntamiento, que en lugar de abonarse a uno de las propietarios de pisos y miembro de la comunidad vecinal, habría retenido dicha suma sin conocerse su destino, según indicó la entidad denunciante.
Por dichos hechos está también siendo investigado el propio Letrado Ignacio Castro, estando pendiente de tomársele declaración a mediados de este mes de septiembre.
De prosperar la reclamación del abogado de la comunidad de propietarios, este sería un elemento más del conflicto a la tortuosa situación actual del edificio Escalinata y de su comunidad vecinal, la que hasta la fecha no ha iniciado las tareas de demolición a las que venía obligada, una vez cobraron la indemnización del municipio algecireño.
Fuentes consultadas, consideran que el Ayuntamiento podría recuperar el dinero ante el incumplimiento notorio de los vecinos reclamantes, al haber incumplido el plazo de demolición del edificio.
El Ayuntamiento condicionó igualmente el pago de dicha suma, superior al millón trescientos mil euros, a la retirada por parte de los vecinos de una acusación en un proceso penal contra varios ex cargos políticos y funcionarios municipales, además del desistimiento de demolición del «Parking Escalinata» en los diferentes procesos judiciales que se entablaban en aquella fecha, condiciones que sí cumplieron.
