Cuando el Partido Socialista presentó en el Congreso su proposición de ley de amnistía para los implicados en el proceso soberanista catalán, el argumento era que se pretendía pasar página y contribuir a recuperar la convivencia política y social en Cataluña. Era evidente que en realidad se trataba del peaje que Pedro Sánchez y el PSOE aceptaban a cambio de garantizar la investidura, en una operación que convertía al presidente del Gobierno en rehén de Junts y sus siete votos en el Congreso.
Las reacciones de Junts y ERC tras las elecciones de Cataluña confirman que no tienen voluntad de olvidar su cruzada por la independencia. El partido de Carles Puigdemont está siendo el más beligerante en ese sentido, pero ERC no se quiere quedar atrás porque es consciente de que su pérdida de votos en aquellos comicios es consecuencia precisamente de sus pactos en Madrid con Sánchez.
El independentismo ha rescatado la exigencia de un referéndum de autodeterminación; se ha hecho esta semana con el control de la Mesa del Parlamento a pesar de que el Tribunal Constitucional advirtió de la ilegalidad del voto delegado y, por si fuera poco, ahora se pone sobre la mesa otra condición innegociable a cambio de seguir prestando oxígeno político a Sánchez: la ruptura del modelo de financiación para dispensar a Cataluña un trato «singular». El propio Salvador Illa ya se ha decantado a favor de esa tesis, una propuesta que los socialistas catalanes no llevaban en su programa electoral y que está generando rechazo incluso en el seno del PSOE.
La Constitución de 1978 reconoce los derechos forales vascos y también la singularidad fiscal y económica de Canarias. Todo lo que se quiera añadir en ese sentido obliga a ‘reinventar’ el texto constitucional, lo que supone contar con una mayoría reforzada en las Cortes. No se dan, por tanto, las condiciones para ello, de manera que no ha lugar a retorcer la Carta Magna. Menos aún para atender a partidos que no la respetan.
Ahora mismo, Sánchez y el PSOE están cada vez más solos, pues hasta Sumar -uno de los grandes derrotados de las europeas- no comparte la estrategia de continuas cesiones a los independentistas. Jueces y fiscales ya advierten de la quiebra constitucional que supone la aplicación de la amnistía. Razones de sobra, como se ve, para que Sánchez se tome otro periodo de reflexión -pero esta vez en serio- y se pregunte si es aceptable prolongar esta agonía política.
Patricio González
