*No es posible realizar una correcta atención sanitaria en el Centro Penitenciario de Botafuegos en el que faltan 6 médicos de los 10 que figuran en su relación de puestos de trabajo
Vídeo médicos
ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en prisiones, vuelve a denunciar la precariedad en la que se encuentra la sanidad penitenciaria. No se cubren las plazas vacantes. Como solución la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, acaba de convocar para todo el país, 4 plazas de facultativos interinos para un periodo de 6 meses. En el último año, el déficit ha aumentado en casi 10 puntos en los centros dependientes de la Secretaría General con 300 plazas sin cubrir, lo que supone un 58,25% del total.
La prisión de Algeciras cuenta con 4 facultativos de los 10 que debería tener. La ausencia de médicos no solo redunda en una mala atención sanitaria de la población reclusa, sino que genera problemas de carácter jurídico, de seguridad o tratamental.
La falta de facultativos nos aboca a encontramos sin atención médica presencial en los centros. La solución planeada por la administración, con carácter general, es establecer un servicio de “telemedicina”, lo cual es inoperativo dada la idiosincrasia de las prisiones y las particularidades asistenciales y legales que son necesarias en las mismas. Muchas vidas de internos se han salvado en las prisiones españolas, entre ellas en Botafuegos, gracias a la rápida intervención de los equipos sanitarios, siendo cuestión de minutos el permanecer con vida o no. Aplicar este modelo en los Centros Penitenciarios es sinónimo de desconocer la realidad de los mismos.
A modo de ejemplo, ante una alteración regimental del orden en la prisión es precisa la intervención del médico para la elaboración de informe y valorar la conveniencia o no de la aplicación de una sujeción mecánica. Es frecuente también que el médico deba atender situaciones de urgencia derivadas de autolesiones de los internos, de intoxicaciones por estupefacientes o lesiones por incidentes con otros presos. En definitiva, numerosas actuaciones que requieren la pertinente emisión de informes médicos que deben basarse en la exploración del paciente y que es imposible a través de medios telemáticos.
Podemos encontramos ante un problema médico-legal si la administración pretende que otros profesionales sanitarios asuman decisiones que son competencia exclusiva de los facultativos. El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades son competencia exclusiva del médico, no estando otros profesionales capacitados para decidir que situaciones son de urgencia vital o precisan ser trasladados al hospital para exploraciones complementarias.
La sanidad es un problema complejo que la administración no afronta de manera adecuada, no articula soluciones viables y, como en otras facetas, hace política de hechos consumados como la asistencia por “telemedicina”, sin tener en cuenta la apreciación de quienes trabajan día a día en los centros y son plenos conocedores de los problemas que este tipo de atención puede generar, de carácter jurídico y sanitario que, además, redunda en la propia seguridad de los centros y la salud de los internos.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. 19 años después la mayoría de comunidades no tienen asumidas estas competencias.
Desde ACAIP-UGT entendemos que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria.
