La violencia no puede ser la respuesta a la discrepancia ideológica. Por muy acusada que sea la diferencia o por muy relevantes que se consideren algunas decisiones políticas, en democracia no cabe saltarse las normas que garantizan la convivencia, arrinconar de forma violenta al que piensa diferente, como tampoco se justifica la agresión a cara descubierta o bajo un pasamontañas.
Todo eso que estamos viendo estos días en algunas capitales ante las sedes del PSOE es, por tanto, condenable, como también debe serlo si el partido objeto de la ira de algunos colectivos fuese cualquier otro.
Pero el mismo principio cabe aplicar ante los graves hechos vividos en Cataluña durante el ‘procés’ independentista. Aquellos acontecimientos, fruto de acciones perfectamente coordinadas y claramente instigadas y aplaudidas desde un sector de la política catalana, derivaron en procedimientos judiciales que quedarán en el limbo ante la proposición de ley de amnistía que el PSOE presentará en el Congreso de los Diputados como parte del precio que paga el PSOE por la investidura de Pedro Sánchez.
A falta de conocer el texto de esa iniciativa política, es incuestionable que no estamos ante una amnistía fruto de un amplio consenso, como sí sucedió en plena Transición. Esta es una amnistía ‘de parte’ que es asumida por un partido de Estado, como es el PSOE, en virtud de que necesita un puñado de votos para la investidura. Y todo ello para un supuesto proceso de concordia en Cataluña que tiene pies de barro, pues se sustenta en la fe ciega -y sin garantía alguna- de que el independentismo que provocó aquellos graves hechos en 2017 no va volver a la unilateralidad, no levantará la bandera de la autodeterminación y no fomentará nuevamente la violencia cuando se le conteste que lo que no cabe en la Constitución, no cabe tampoco en Cataluña.
Con Sánchez al frente, el PSOE puede sacar adelante en los próximos días la investidura. Los votos en el Congreso legitimarán ese nuevo ciclo pero eso no es óbice para reconocer que este Partido Socialista ha abierto de facto una revisión del modelo territorial que consagra la Constitución y ha conseguido poner de acuerdo a todo el ámbito judicial en la advertencia de que se quiebra la separación de poderes. Un precio altísimo por el poder y un peaje -insistimos en ello- al que se puede responder en las Cortes, en los juzgados y en la calle. Pero nunca con la violencia.
Patricio González
