*La modificación del artículo 80 de la LOGP, implica que las agresiones que se produzcan a los funcionarios de prisiones por parte de los internos serán juzgadas como atentado a agente de la autoridad
El pasado martes se aprobó en el Congreso la toma en consideración del proyecto de Ley de modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria por la que los funcionarios de prisiones tendrán la consideración de agentes de autoridad.
El grupo parlamentario socialista ha defendido la propuesta que ha contado con el respaldo de la práctica totalidad de partidos que componen el hemiciclo, y este Jueves se dio luz verde en el Congreso mediante votación de la misma cuyo resultado fue, 315 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención.
El parlamentario David Serrada, en su intervención, ha valorado el trabajo realizado con los sindicatos de la mesa delegada de instituciones penitenciarias: ACAIP-UGT, CSIF, CCOO y CIG, cuyos representates se encontraban en la tribuna de invitados, y a quienes prometió que no les iba a fallar para conseguir una reivindicación justa e histórica de los empleados penitenciarios, remarcando que el logro ha sido fruto de la negociación y del acuerdo.
La modificación del artículo 80 de la LOGP, implica que las agresiones que se produzcan a los funcionarios de prisiones por parte de los internos serán juzgadas como atentado a agente de la autoridad. Además, los partes de los funcionarios tendrán presunción de veracidad, salvo prueba en contrario.
Con este cambio, los sindicatos de prisiones esperamos que se reduzcan las agresiones que actualmente se sufren en los Centros Penitenciarios, una cada 36 horas. Es importante que el interno no tenga sensación de impunidad ante un acto violento hacia los funcionarios.
Otro aspecto importante que introduce el proyecto de Ley, que hoy inicia su trámite parlamentario, es que la administración se haga cargo de las indemnizaciones a los trabajadores que hayan sido impuestas judicialmente y no hayan sido satisfechas por el condenado, no sometiendo así al funcionario a una doble agresión, la física en primer lugar y la económica en segundo.
El tercer punto aborda la ampliación de la seguridad del personal penitenciario en caso de detención, traslado o encarcelamiento.
Desde ACAIP-UGT valoramos positivamente que el grupo que sustenta el gobierno haya dado este paso para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios, aunque queda mucho por hacer. Es imprescindible que se retome la negociación de la Ley de Función Pública Penitenciaria que modernice una legislación preconstitucional. Además, debe acometerse la mejora retributiva de los empleados públicos penitenciarios con la reclasificación de todos los Centros Penitenciarios y generar una oferta de empleo público suficiente para paliar el déficit de más de 3000 efectivos, junto a una formación adecuada y universal, y los medios materiales adecuados a nuestras funciones. Todo ello para afrontar con garantías el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación en una sociedad cambiante a la que debe adaptarse el sistema penitenciario.
