*Los funcionarios de la cárcel de Botafuegos vuelven a ser protagonistas de una macabra estadística que los encumbra como una de las profesiones más peligrosas de nuestro país
*Desde el sindicato ACAIP-UGT insisten en la masificación de las prisiones, la falta de formación, la falta de personal, la mala atención a drogodependientes y enfermos mentales, la falta de protección jurídica, el reconocimiento de agente de la autoridad, como el origen de estas agresiones
La prisión de Botafuegos sigue aportando cifras a las estadísticas estatales que aúpan a los trabajadores penitenciarios al número 1º en el ránking de colectivos públicos más agredidos en el desempeño de su trabajo.
En el día de ayer, una funcionaria tuvo que ser atendida en la enfermería de la prisión y posteriormente en el hospital con lesiones de diversa consideración (esguinces y magulladuras) tras intervenir en la reducción de un interno.
Los hechos se sucedieron en el M8 cuando un interno pidió el cambio de celda por no llevarse bien con su compañero de reclusión, por ello fue golpeado, trasladándose al agresor al módulo 15 con objeto de evitar problemas de mayor gravedad.
Ingresa en el módulo 15, insultando a los Funcionarios de servicio, resistiéndose a cumplir órdenes e intentando autolesionarse, por lo que finalmente es reducido con la única finalidad de velar por su integridad física y salud.
Se trata del interno F.V.DR de 48 años de edad, cuya primera entrada data del año 2006, multireincidente con 5 entradas en prisión, con partes disciplinarios por tenencia de objetos prohibidos, agresión a otro interno, insultos… En Marzo del 2022 ingresó por última vez para cumplir una condena de algo más de 6 meses, tiene la libertad definitiva en septiembre de este mismo año.
Desde el Sndicato Acaip-Ugt, sabemos que la “tolerancia cero” no existe, pero si que se puede aminorar si se tomaran medidas preventivas, evitando elementos como la masificación, la falta de formación, la falta de personal, la mala atención a drogodependientes y enfermos mentales, la falta de protección jurídica, el reconocimiento de agente de la autoridad, la actualización del protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA)…
Por otro lado, los sindicalistas señalan que el máximo responsable de la epidemia en forma de agresiones que sufren sus empleados es el Secretario General de prisiones, Angel Luis Ortiz, el cual una vez más da muestras de su incapacidad para resolver los problemas que asolan las cárceles españolas, pero que sin embargo está dentro de los 60 altos cargos de la administración mejor pagados de todo el país.
